*El Consejo Estatal facultó a la dirigencia a negociar coaliciones en los tres niveles de elección local
*El proceso interno para la candidatura al Ejecutivo se suspenderá si se pacta una postulación conjunta con otra fuerza política
Gilberto Guzmán
En sesión virtual durante el Séptimo Pleno Extraordinario, el Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero aprobó su política de alianzas e ideó la ruta organizativa para el proceso electoral 2026-2027.
El acuerdo autoriza a la Coordinación Estatal Ejecutiva a negociar y suscribir convenios de coalición o candidaturas comunes para la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos. No obstante, el pleno dejó pendiente la definición de los partidos con los que buscará competir en bloque.
De acuerdo con los plazos fijados en los resolutivos aprobados, en el caso de la gubernatura el límite para registrar un convenio de alianza vence el 12 de noviembre.
Para el registro de diputaciones locales (mayoría relativa) el plazo concluye el 2 de diciembre, y para Auntamientos la fecha límite se fijó para el 16 de diciembre.
El proyecto de alianza condiciona los pactos a la construcción de una agenda programática orientada a compromisos gubernamentales y legislativos en justicia social, derechos humanos, libertades democráticas y combate a la corrupción.
Convocatoria interna y cláusula de ajuste
Durante la misma jornada, el órgano partidista aprobó la convocatoria interna para seleccionar la candidatura a la gubernatura. El registro formal de candidaturas al Ejecutivo estatal ante el órgano electoral se llevará a cabo del 2 al 16 de febrero de 2027.
El documento avalado precisa que, en caso de concretarse un convenio de coalición que asigne la candidatura a una fuerza aliada, el estatuto mandata la suspensión inmediata del proceso interno de selección, aun si el partido ya hubiese electo previamente a un aspirante.
Finalmente, el Consejo autorizó a la dirigencia estatal a ajustar las fechas del calendario interno en coordinación con la Mesa Directiva para garantizar el cumplimiento de las etapas fijadas por la autoridad electoral.