Gilberto Guzmán
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Guerrero desmintió categóricamente las publicaciones periodísticas y versiones en redes sociales que atribuyen a los integrantes de la LXIV Legislatura la percepción de ingresos personales desproporcionados, tras la difusión de reportes —como los consignados por el diario Reforma— sobre el manejo de fondos institucionales y partidas de gestión social en el Poder Legislativo local.
A través de un comunicado firmado por sus integrantes, la Jucopo precisó que el salario neto de cada diputado asciende a 40 mil pesos mensuales, monto fijo determinado tras las retenciones de impuestos y deducciones de ley. En ese sentido, los legisladores calificaron como una manipulación interesada el pretender equiparar los recursos destinados al trabajo técnico, la gestoría social y el apoyo comunitario con sueldos, bonos o beneficios de carácter personal.
El órgano de gobierno parlamentario enfatizó que las partidas institucionales están asignadas exclusivamente a la asistencia social y la labor legislativa, por lo que se encuentran sujetas a mecanismos permanentes de auditoría pública y comprobación formal conforme a la normativa vigente.
Asimismo, las y los diputados solicitaron una investigación a fondo para deslindar responsabilidades por la presunta fabricación de documentos apócrifos y señalar posibles intereses políticos detrás de las acusaciones. Denunciaron además que este tipo de campañas generan un clima de encono que pone en riesgo su seguridad física y la de sus familias.
El posicionamiento oficial fue suscrito por los integrantes de la Jucopo: Joaquín Badillo Escamilla (presidente), Alejandro Bravo Abarca (secretario), así como por las y los vocales Alejandro Carabias Icaza, Leticia Mosso Hernández, María Irene Montiel Servín, Robell Urióstegui Patiño y Erika Lorena Lührs Cortés.
La postura de la Jucopo responde a recientes reportes periodísticos, en los que se señaló la entrega de más de 250 millones de pesos a los congresistas para gastos operativos en un periodo de ocho meses, de los cuales cerca de 188 millones figuraban preliminarmente como pendientes de comprobación en los registros administrativos.
Entre las partidas documentadas por la prensa nacional se incluyeron montos entregados al actual presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo Escamilla, y a su antecesor, Jesús Eugenio Urióstegui García. Sin embargo, las normativas internas del Congreso precisan que la recepción de fondos de gestión social o el estado del trámite de comprobación contable no constituyen ingresos de libre disposición personal ni implican, por sí mismos, un uso indebido de los recursos públicos.