Gilberto Guzmán
La diputada Glafira Meraza Prudente presentó una iniciativa de ley que busca garantizar la continuidad de la representación jurídica de los ayuntamientos ante la ausencia de la persona titular de la sindicatura y de quien legalmente deba suplirla, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y la capacidad de actuación institucional de los gobiernos municipales.
Al exponer la propuesta con proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo al artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, la legisladora señaló que los
municipios constituyen el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y la primera instancia a la que acuden las personas, por lo que consideró indispensable que cuenten con las herramientas jurídicas necesarias para responder de manera oportuna y eficaz.
Explicó que, actualmente, dicha legislación establece que corresponde a la persona titular de la sindicatura la representación jurídica del ayuntamiento. Sin embargo, advirtió que existen circunstancias extraordinarias —como licencias, separaciones del cargo e impedimentos legales— que pueden generar la ausencia temporal o indefinida de quien desempeña dicha función, lo que provoca dificultades para atender procedimientos judiciales, administrativos y actos jurídicos indispensables para el funcionamiento municipal.
Por ello, la iniciativa plantea que, en ausencia de la persona titular de la sindicatura y de su suplente legal, la persona titular de la presidencia municipal pueda asumir la representación jurídica del ayuntamiento. Con esta medida se busca evitar vacíos de actuación legal, retrasos administrativos, riesgos patrimoniales y afectaciones en la prestación de los servicios públicos.
La diputada destacó que esta propuesta no pretende sustituir las atribuciones de la sindicatura, sino brindar una solución jurídica ante escenarios excepcionales que puedan afectar la operatividad de los gobiernos locales. De este modo, afirmó, se garantiza la continuidad de las funciones institucionales en beneficio de la población, se fortalece la gobernabilidad municipal, se protege el patrimonio público, se brinda certeza jurídica y se promueven administraciones más eficientes.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su respectivo análisis y dictaminación.