Gilberto Guzmán
La diputada Catalina Apolinar Santiago presentó este miércoles, ante la Comisión Permanente, un paquete de reformas a la Constitución Política del Estado de Guerrero y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para elevar a rango constitucional los derechos político-electorales de estas comunidades y dotar al marco jurídico de mecanismos efectivos para su exigibilidad en la vida pública del estado.
Durante la argumentación de sus propuestas, la legisladora señaló que dichos derechos ya están consagrados en la Constitución Federal y en tratados internacionales, por lo que enfatizó la necesidad de garantizar su aplicación cotidiana en las regiones de la Montaña, Costa Chica, Sierra y demás zonas indígenas y afromexicanas de la entidad.
La propuesta de reforma constitucional contempla la modificación del artículo 125 y la adición del artículo 11 Bis, con lo cual se integrarían principios como la interculturalidad, el pluralismo jurídico y la paridad en el sistema electoral. Asimismo, se pretende asegurar que los pueblos originarios y afromexicanos cuenten con una representación con voz real dentro de los órganos encargados de la organización de las elecciones.
Por otra parte, la modificación a la Ley 701 plantea la obligatoriedad legal de registrar candidaturas indígenas y afromexicanas
definidas mediante sus propias asambleas comunitarias, bajo criterios de paridad y legitimidad. Además, estipula de forma explícita que en aquellos municipios y distritos donde la población indígena o afromexicana sea igual o superior al 40 por ciento, su representación sea obligatoria tanto en las candidaturas como en los Consejos Distritales Electorales y en el Consejo General del Instituto Electoral local.
Con este planteamiento se busca asegurar el ejercicio real de la libre determinación y autonomía de las comunidades a través de sus sistemas normativos propios, garantizando la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. El proyecto aspira a sustituir el modelo declarativo y discrecional actual por garantías normativas firmes que incluyan acciones afirmativas obligatorias, paridad intercultural y representación efectiva en el aparato electoral.
Ambas iniciativas fueron turnadas formalmente a las comisiones unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos para su posterior análisis y dictaminación.
Intervenciones sobre el trabajo infantil
En el marco de la misma jornada legislativa, la diputada Glafira Meraza Prudente hizo uso de la palabra para pronunciarse respecto al Día Mundial Contra el Trabajo Infantil. Sobre este mismo tema, intervinieron posteriormente la diputada Leticia Rodríguez Armenta y el diputado Pánfilo Sánchez Almazán.