Gilberto Guzmán
La diputada Leticia Mosso Hernández, coordinadora de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo, urgió a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad a verificar si los concesionarios del transporte público operan con seguros de responsabilidad civil y cobertura contra todo riesgo por unidad. Advirtió que, de no cumplirse esta obligación, deben iniciarse de inmediato los procedimientos para forzar la contratación de las pólizas y garantizar protección real a usuarios y choferes en Guerrero.
En tribuna, durante la sesión legislativa de este miércoles, la legisladora sostuvo que la situación es alarmante. Citó datos del INEGI según los cuales, tan sólo en 2024, Guerrero acumuló 83 muertes y 2 mil 438 personas lesionadas por siniestros viales. A ese panorama se suma, dijo, un rezago severo en el aseguramiento vehicular: apenas 8 por ciento de los automóviles en la entidad cuenta con seguro.
“Los heridos enfrentan serias dificultades para recibir atención médica porque, en muchos casos, las empresas se niegan a asumir los gastos, y sólo mediante juicios se les obliga a reparar los daños”.
El exhorto va dirigido de manera directa al titular de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad, Arturo Salinas Sandoval, a quien se le pide verificar que los concesionarios cumplan con los seguros que marca la ley. Si hay omisiones, la propuesta exige activar los procedimientos necesarios para que la contratación de las pólizas no siga postergándose.
La iniciativa también plantea exámenes de capacidad y habilidades para los conductores, así como revisiones periódicas al estado mecánico de autobuses, urvans y taxis. Mosso Hernández alertó que numerosas unidades circulan sin concesión autorizada o sin seguros vigentes, y remarcó que la Ley de Transporte y Vialidad ni siquiera contempla un seguro de vida para los choferes, una omisión que deja en el abandono a sus familias cuando ocurre un siniestro.
La propuesta, presentada bajo el argumento de responder a una exigencia ciudadana de mayores condiciones de seguridad vial y personal, fue turnada a la Comisión de Transporte, donde deberá ser analizada y dictaminada.