Gilberto Guzmán
Ante la proximidad de los plazos legales para la modernización del sistema de justicia, la diputada local Erika Lührs Cortés presentó ante el Pleno del Congreso un exhorto al Poder Judicial de Guerrero para que rinda un informe pormenorizado sobre las acciones, inversiones y estrategias que se están ejecutando para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Durante su intervención en la máxima tribuna del estado, la legisladora, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, recordó que este nuevo marco normativo, publicado a nivel federal el 7 de junio de 2023, marca un cambio de paradigma en la resolución de conflictos y estipula que todas las entidades deben operar bajo este modelo a más tardar el 1 de abril de 2027.
Lührs Cortés enfatizó que el tiempo corre en contra, señalando que restan aproximadamente 372 días para que el plazo venza y el estado deba estar plenamente preparado para esta transición.
“Estamos hablando, compañeros, de que faltan alrededor de 372 días para que se implemente”, expresó.
La diputada subrayó que el Código Nacional no es un simple cambio de leyes, sino una transformación estructural que prioriza la oralidad, la digitalización de la justicia y la protección irrestricta de los derechos humanos. Destacó que este nuevo modelo busca agilizar los procesos judiciales para sectores prioritarios, tales como niñas, niños, adolescentes, mujeres víctimas de violencia y personas con discapacidad, quienes históricamente han enfrentado barreras de lentitud y burocracia en el sistema tradicional.
En materia administrativa, Lührs Cortés puntualizó que el Poder Judicial estatal debió haber proyectado desde el presupuesto del ejercicio fiscal 2026 los recursos económicos necesarios para realizar las adecuaciones de infraestructura física (salas de oralidad), la modernización de herramientas tecnológicas y, fundamentalmente, la capacitación intensiva del personal jurídico. “Es imperativo conocer cómo se están gestionando estos rubros para evitar un colapso en la atención ciudadana al llegar la fecha límite”, advirtió.
Por otro lado, en un ejercicio de autocrítica, la legisladora reconoció que el Congreso del Estado ya ha rebasado los plazos legales para la armonización de leyes locales. Mencionó que urge reformar el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que coincidan con la norma nacional. Según la diputada, este rezago refuerza la necesidad de una coordinación estrecha e institucional entre los poderes para evitar vacíos legales.
Finalmente, Erika Lührs hizo un llamado enérgico a sus homólogos legisladores para respaldar el exhorto, argumentando que la transparencia y la planeación son las únicas vías para garantizar que las y los guerrerenses accedan a una justicia pronta, expedita y moderna. La transición ordenada, concluyó, es una deuda pendiente con la sociedad civil que no puede esperar a que los plazos se agoten.