Gilberto Guzmán
La diputada Erika Lührs Cortés, de Movimiento Ciudadano, propuso exhortar formalmente al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE-GUERRERO) a investigar y determinar lo conducente respecto a la proliferación de propaganda electoral que podría constituir actos anticipados de campaña antes del inicio del proceso electoral 2026-2027.
Desde la tribuna en la sesión de este miércoles, la legisladora advirtió que en diversas ciudades del estado ya se advierten pintas de bardas y difusión de mensajes con contenido político-electoral vinculados a nombres e imágenes que buscan posicionar anticipadamente a servidores públicos o aspirantes. Lührs Cortés enfatizó que esta situación genera una “inequidad estructural en la contienda democrática” que afecta directamente a quienes respetan los tiempos legales.
“La ventaja acumulada mediante meses de propaganda anticipada no puede ser compensada una vez que el proceso electoral inicia formalmente, por lo que la intervención oportuna de las autoridades electorales es indispensable”, subrayó la legisladora.
La diputada recordó que, según la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales, el proceso electoral iniciará formalmente en septiembre de 2026. Sin embargo, denunció una problemática estructural: la existencia de una “laguna normativa existente entre el inicio de la propaganda anticipada y el inicio formal del proceso electoral”, lo cual crea condiciones propicias para la inequidad sin un mecanismo sancionador eficaz que la disuada.
En su argumentación, destacó que en municipios como Acapulco y Chilpancingo se han documentado eventos de posicionamiento que benefician exclusivamente a aspirantes con mayor capacidad de gasto. Al respecto, citó los principios de los artículos 41 y 134 de la Constitución Federal, señalando que los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia.
La legisladora también hizo eco de las denuncias previas, mencionando que el Partido Acción Nacional presentó quejas desde febrero de 2025 y que el presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Montes Carrillo, señaló la falta de autoridad que llame a los responsables a reportar sus gastos. Lührs lamentó que, a pesar de que el IEPC ha confirmado la recepción de quejas, “al día de hoy no se ha emitido resolución alguna… lo que genera preocupación fundada sobre la eficacia de los mecanismos de control electoral”.
La propuesta de punto de acuerdo también exhorta al IEPCGRO a iniciar de oficio los procedimientos sancionadores correspondientes y a rendir, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un informe detallado sobre el estado procesal de las denuncias recibidas y las medidas cautelares adoptadas. Asimismo, se pidió a la FEDE-GUERRERO analizar si estos hechos configuran tipos penales electorales, particularmente en lo relativo al uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas. Al no conseguir la votación suficiente, la proposición de acuerdo parlamentario fue turnada a la Comisión legislativa de Justicia.