Gilberto Guzmán
La diputada Marisol Bazán Fernández propuso exhortar a los 84 ayuntamientos de la entidad y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres a remitir un informe sobre el estado que guarda la nomenclatura de sus vías y espacios públicos. La iniciativa —que incluye presentar la lista oficial de denominaciones asignadas a personas físicas o personajes públicos— fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictaminación.
La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, expuso que la propuesta busca transparentar los criterios normativos y erradicar la práctica de emplear el espacio público para perpetuar los nombres de quienes han ocupado cargos de poder.
Añadió que la denominación del entorno urbano no representa un asunto menor ni puramente administrativo, sino una decisión simbólica y política que determina qué figuras deben permanecer en la memoria colectiva.
“Cuando el nombre de una persona se incorpora a una calle, avenida o plaza pública, el Estado otorga un reconocimiento con dimensión simbólica y consecuencia práctica; por ello debe existir una razón pública y, sobre todo, la posibilidad de conocerla”, argumentó.
Al respecto, la diputada señaló que es necesario atender la Recomendación 98VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual plantea revisar los nombres de vías, escuelas y monumentos que rinden tributo a personas señaladas como presuntas perpetradoras de violaciones graves a los derechos humanos durante periodos de violencia política en Guerrero.
Por lo anterior, Bazán Fernández solicitó que las autoridades municipales entreguen, en un plazo de 30 días, un listado detallado de las calles, colonias y plazas públicas que lleven el nombre de personas físicas o personajes públicos, junto con los expedientes, instrumentos legales y actas que acrediten qué autoridad y bajo qué fundamentos otorgó dichas denominaciones.
Finalmente, pidió que los municipios informen el estado actual de su reglamentación en la materia e indiquen si consideran necesaria su expedición, actualización o armonización, a fin de que el Poder Legislativo cuente con un diagnóstico estatal objetivo para evaluar posibles reformas al marco legal.