*Es momento de un manotazo contra la corrupción”, demandan a la presidenta
Gilberto Guzmán
Integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Guerrero demandaron que se castigue a quienes cometan actos ilícitos y exhortaron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a no solapar ni encubrir actos de corrupción, tras la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico.
En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada priista, Alejandro Bravo Abarca —acompañado por los legisladores Pilar Vadillo Ruiz, Beatriz Vélez Núñez y Víctor Hugo Vega Hernández— calificó la situación actual como preocupante para todos los mexicanos, especialmente para los ciudadanos de Sinaloa, quienes tienen el derecho de conocer la verdad.
“Pareciera que en este gobierno de Morena pretenden encubrir actos de corrupción que han sido evidentes, como el caso del exdirector de Segalmex o los costos exorbitantes de la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya; pareciera que existe un pacto de impunidad”, expresó Bravo Abarca.
El legislador añadió que la presidenta tiene la oportunidad histórica de dar un “manotazo” y limpiar las políticas “cerradas y erráticas” heredadas de la administración anterior. Afirmó que este es el momento para que Sheinbaum demuestre autonomía y corrija el rumbo en materia de seguridad y en el manejo de las denominadas “obras faraónicas”.
A pregunta expresa, el coordinador aseguró que en el PRI no existe temor de que alguno de sus militantes sea requerido por la justicia estadounidense. Por el contrario, subrayó que su partido demanda claridad y justicia, recordando que en sexenios priistas se actuó contra funcionarios señalados. Citó como ejemplo el periodo de Enrique Peña Nieto, donde cerca de 12 gobernadores fueron encarcelados por desvíos, así como el caso de Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, procesado y extraditado por vínculos con el crimen organizado.
Finalmente, Bravo Abarca señaló que el Gobierno de la República está obligado, ante la petición de extradición, a realizar la investigación pertinente para recabar las pruebas necesarias, ya que un proceso de esta naturaleza debe sustentarse en declaraciones y evidencias sólidas para determinar la situación jurídica del señalado.