Gilberto Guzmán
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de Guerrero demandó al Gobierno Federal implementar un programa de manejo económico responsable que detenga el incremento en los precios de la canasta básica y el índice inflacionario.
En conferencia de prensa, el coordinador de la fracción, Alejandro Bravo Abarca, acompañado por los legisladores Pilar Vadillo Ruiz, Jesús Parra García y Víctor Hugo Vega Hernández, calificó de “errática” la actual política económica y urgió a la administración de Morena a atender el impacto financiero que sufren las familias mexicanas.
Los legisladores priistas señalaron una discrepancia entre la narrativa oficial y la realidad del mercado. Según expuso Bravo Abarca, mientras el gobierno sostiene que la economía se mantiene estable, los indicadores presentan una tendencia al alza que afecta directamente el poder adquisitivo.
De acuerdo con los datos citados por el grupo parlamentario, la inflación en el país pasó de un 4.6% en enero a superar el 11% durante el mes de marzo, según cifras del INEGI, lo cual derivó en el incremento constante en los precios de frutas, legumbres y productos de primera necesidad, los cuales componen el grueso del gasto en los hogares.
Un punto central de la exigencia fue la gestión de los combustibles. Los diputados señalaron que el precio de la gasolina ha registrado aumentos considerables, lo cual atribuyen a decisiones desacertadas en el sector energético.
“Estamos viviendo una escalonada del índice inflacionario y no vemos medidas para detenerla. Lo vivimos en el precio de las legumbres y la gasolina; necesitamos que se estabilice el precio y regrese a niveles anteriores”, puntualizó el coordinador del PRI.
Incluso mencionaron el envío de combustible a Cuba por parte del gobierno mexicano como un ejemplo de prioridades que, a su juicio, no benefician la estabilidad del mercado interno ni el bolsillo de los ciudadanos.
Finalmente, la bancada del PRI subrayó que la salud de la economía debe medirse por la capacidad de la población para vivir con dignidad y sin la “angustia” que genera la carestía, y exigió al Ejecutivo Federal un manejo responsable de la economía familiar y la activación inmediata de mecanismos que contengan el proceso inflacionario en defensa del patrimonio de los mexicanos.