Gilberto Guzmán

 

Con el objetivo de erradicar la discriminación laboral y política contra las mujeres que desempeñan cargos de elección popular en los municipios, el diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para asegurar que las integrantes de los Cabildos cuenten con garantías legales para ejercer su derecho a la maternidad sin el riesgo de ser removidas de sus funciones.

 

La iniciativa contempla la adición de dos párrafos al artículo 91 y la creación del artículo 245 bis del citado ordenamiento, para armonizar el marco legal estatal con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos y permitir que regidoras y síndicas accedan a un descanso pagado y atención médica adecuada, fortaleciendo la protección de la familia, según explicó el legislador al presentar la propuesta ante el Pleno en la sesión de este martes.

 

Durante su exposición de motivos en la tribuna, Parra García fue enfático al señalar que esta reforma busca detener prácticas que vulneran la integridad de las representantes populares.

 

“Esta iniciativa pretende poner un alto claro, definitivo e incuestionable a una de las formas más normalizadas de violencia y discriminación. Castigar la maternidad como si fuera una falta, una ausencia reprochable o, peor aún, un abandono del cargo”, manifestó el diputado.

 

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la clarificación jurídica de las inasistencias por motivos de salud materna. El proyecto establece que las faltas derivadas de este proceso biológico no podrán ser utilizadas de manera facciosa por otros integrantes de los ayuntamientos. Al respecto, el legislador precisó que las ausencias por embarazo, parto o puerperio “no constituyen abandono del cargo, se consideran justificadas y no podrán ser usadas jamás como arma política para su remoción, sanción o deslegitimación pública”.

 

Finalmente, el diputado hizo un llamado a sus homólogos para respaldar la reforma, argumentando que el Congreso tiene el deber de proteger los derechos humanos y evitar que las mujeres enfrenten presiones o chantajes que pongan en riesgo su salud y la de sus hijos. Concluyó que, de aprobarse, se enviará un mensaje contundente sobre la democracia en el estado:

 

“Que el mensaje que salga de este Pleno sea claro, profundo y contundente, que expresa que la maternidad jamás volverá a ser en Guerrero, pretexto de exclusión ni castigo político; será, como debe ser, un derecho protegido y un pilar del proyecto democrático que compartimos”.

 

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