Gilberto Guzmán
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó ante el pleno legislativo una iniciativa con proyecto de Ley para la Prevención y Combate a la Pobreza del Estado de Guerrero. Esta propuesta tiene como objetivo principal atender de manera estructural la situación de vulnerabilidad social en la entidad y lograr una reducción significativa de los índices de pobreza extrema a través de un marco normativo específico.
Durante su exposición en tribuna, el legislador argumentó que la ley busca promover la igualdad de oportunidades y ampliar las capacidades de los ciudadanos para mejorar sustantivamente su calidad de vida. El planteamiento se fundamenta en el ejercicio efectivo de derechos fundamentales, entre los que destacan el acceso a la alimentación, salud, seguridad social, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado, buscando simultáneamente el fortalecimiento del tejido social y la cohesión comunitaria.
Sánchez Almazán calificó la pobreza en Guerrero como una problemática histórica que ha frenado el desarrollo humano y económico de miles de familias. Al citar datos del INEGI, recordó que el estado se mantiene entre los de mayor rezago a nivel nacional, con una incidencia crítica en las regiones de la Montaña, Costa Chica y Sierra. Asimismo, precisó que esta condición afecta con mayor severidad a sectores vulnerables como la infancia, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.
La estructura operativa de la iniciativa contempla la creación de un Programa Estatal Integral que articule los esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno. Para asegurar la efectividad de las estrategias, se propone el establecimiento de un Consejo Interinstitucional que funcione como el órgano encargado de la coordinación, el seguimiento y la evaluación permanente de las acciones implementadas en el territorio estatal.
Entre los mecanismos técnicos propuestos destaca la integración de un padrón estatal confiable para la correcta focalización de los apoyos y la creación de un fondo específico que garantice suficiencia presupuestaria de manera sostenida. Además, el proyecto incluye herramientas de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y sanciones para evitar el uso indebido de los recursos públicos, priorizando siempre un enfoque basado en el desarrollo de capacidades para que la superación de la pobreza sea sostenible a largo plazo.
De ser aprobada, la aplicación de la ley recaerá en el titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias, así como en los ayuntamientos dentro de sus respectivas jurisdicciones. Los municipios estarían obligados a destinar recursos específicos en sus presupuestos para cumplir con las metas de desarrollo, de forma independiente a las aportaciones correspondientes al fondo estatal. Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social para su análisis y posterior dictaminación.