Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero para fortalecer los derechos y la participación de las víctimas en los procedimientos de queja, así como ampliar los criterios de atención prioritaria de este organismo para incluir de manera expresa a las personas con discapacidad.
La diputada Araceli Ocampo Manzanares fue la encargada de fundamentar ambos dictámenes a nombre de la Comisión de Derechos Humanos. Respecto al primer dictamen, el cual se derivó de una iniciativa presentada por ella misma, la legisladora destacó que las reformas buscan armonizar la legislación estatal con los estándares nacionales e internacionales vigentes en la materia.
Con estas modificaciones legislativas, se garantiza que las víctimas tengan acceso directo a la información sobre el desarrollo y resultado de las investigaciones. Asimismo, se asegura su participación en los procedimientos de queja cuando se encuentren involucrados sus intereses y se reconoce su derecho a ser tomadas en cuenta dentro de los procesos de reparación integral del daño.
Aunado a esto, las reformas incorporan disposiciones específicas para fortalecer la actuación de la Comisión en casos de desaparición forzada. Para ello, se establecen acciones inmediatas y sin dilación en la atención de denuncias, además de mecanismos de coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en los casos que involucren a autoridades federales, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral.
Por otra parte, el Pleno aprobó un segundo dictamen derivado de una iniciativa de la diputada Gladys Cortés Genchi. Este modifica la fracción II del artículo 16 de la citada ley para incorporar expresamente a las personas con discapacidad dentro de los grupos que reciben atención prioritaria por parte del organismo, argumentando que la reforma fortalece los principios de igualdad y no discriminación hacia un sector que históricamente ha enfrentado barreras para el ejercicio de sus derechos.
Finalmente, el decreto aprobado amplía los criterios de atención preferente para incluir a cualquier otro grupo en situación de vulnerabilidad o que sea víctima de violencia, buscando una actuación institucional más incluyente y accesible. Cabe señalar que la Comisión de Derechos Humanos dictaminadora estuvo integrada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares, como presidenta; la diputada Erika Isabel Guillén Román, como secretaria; y las legisladoras Beatriz Vélez Núñez, Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista y Gladys Cortés Genchi, en calidad de vocales.