Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó diversas reformas legales orientadas a ampliar la protección jurídica de las personas adultas mayores y a fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante estímulos fiscales para el sector empresarial.
En sesión ordinaria de este martes, las y los diputados avalaron modificaciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado, con el fin de garantizar asesoría jurídica gratuita en materias civil, familiar, penal y agraria. Anteriormente, la legislación limitaba este apoyo únicamente al ámbito laboral, lo que obligaba a este sector a costear abogados particulares para trámites como juicios sucesorios o casos de despojo patrimonial.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Juan Valenzo Villanueva destacó que en la entidad residen más de 443 mil personas adultas mayores. Subrayó que el Estado debe asegurar representación legal efectiva y gratuita a través de la Secretaría General de Gobierno, eliminando las barreras económicas que vulneraban los derechos de este grupo poblacional.
Estímulos fiscales por inclusión laboral
En la misma jornada, el Pleno aprobó reformar la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado para incrementar sustancialmente los incentivos a las empresas incluyentes. La reforma eleva del 5% al 25% el estímulo al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, condicionado a que los centros de trabajo integren al menos un 8% de personas con discapacidad en su plantilla laboral.
El diputado Alejandro Bravo Abarca señaló que este ajuste busca pasar de un reconocimiento simbólico a un incentivo real que promueva la contratación activa de este sector en el aparato productivo de Guerrero.
Durante la sesión, se presentaron propuestas para modernizar el marco legal de otros sectores sociales. La diputada Leticia Mosso Hernández propuso ampliar el catálogo de derechos para jóvenes, integrando el acceso a tecnologías digitales y salud mental; la legisladora Araceli Ocampo Manzanares planteó reformas para prohibir trabas administrativas en el inicio de búsquedas y asegurar acompañamiento psicosocial a familiares de desaparecidos.
En tanto que, el diputado Edgar Ventura de la Cruz propuso fortalecer las unidades administrativas municipales dedicadas a la atención de comunidades indígenas y afromexicanas.
Finalmente, el Congreso declaró improcedentes dos denuncias de juicio de responsabilidad política: una en contra de Cecilia Narciso Gaytán, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, y otra dirigida hacia Abelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco. Ambas resoluciones fueron aprobadas tras la valoración previa de los dictámenes correspondientes.