*La Séptima Sesión de la Comisión del Sistema Estatal evaluó iniciativas de la LXIV Legislatura y exhortó a alcaldes a rendir cuentas sobre las alertas de género
Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero llevó a cabo este lunes la Séptima Sesión de la Comisión de Reformas Legislativas y Política Pública del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con el objetivo de evaluar el avance de diversas iniciativas y puntos de acuerdo promovidos por integrantes de la LXIV Legislatura, además de revisar las acciones gubernamentales orientadas a la garantía de los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en la entidad.
La actividad estuvo presidida por la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, en compañía del diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), y de la diputada Erika Isabel Guillén Román, presidenta de la Mesa Directiva.
Durante su intervención, la diputada Leticia Mosso señaló que la erradicación de la violencia hacia las mujeres requiere de la implementación de políticas públicas coordinadas, la asignación de presupuestos suficientes y la atención prioritaria a las condiciones de vulnerabilidad en comunidades rurales e indígenas.
Asimismo, indicó que la limitación de recursos económicos afecta el funcionamiento de las unidades de género y de las instancias municipales en la materia. Ante esta situación, solicitó fortalecer la colaboración interinstitucional e hizo un llamado a la Jucopo para promover la comparecencia de los alcaldes de los municipios que cuentan con Alerta de Violencia de Género, con el fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales y la instalación de los sistemas correspondientes. La legisladora lamentó la ausencia de autoridades edilicias en el encuentro e insistió en que la protección de los derechos de las mujeres debe reflejarse en resultados y acceso a la justicia.
Por su parte, el diputado Joaquín Badillo admitió la presencia de rezagos y la falta de seguimiento continuo en las estrategias de prevención y erradicación de la violencia de género. Reiteró su compromiso para consolidar la articulación entre poderes e instituciones, así como para respaldar propuestas legislativas, asignaciones presupuestales y esquemas de trabajo conjunto con los municipios.
El legislador refirió también los avances en la participación política de las mujeres, al tiempo que observó que “hay aún barreras culturales en algunas comunidades”. Añadió que el trámite de iniciativas y reformas demanda procesos de diálogo y seguimiento coordinado.
En tanto, la diputada Erika Isabel Guillén sostuvo que la entidad presenta progresos en materia de igualdad, como el reconocimiento normativo de la violencia política de género, aunque reconoció la existencia de desafíos pendientes, entre los que citó la regulación de la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación y la mejora de los mecanismos de atención a distintas formas de violencia.
Guillén Román propuso continuar con la actualización del marco legal en favor de las mujeres indígenas y afromexicanas para erradicar obstáculos sociales, económicos y políticos, al tiempo que reconoció la labor desarrollada por dependencias e instituciones de la sociedad civil.
En la sesión participaron Marisela Reyes Reyes, directora estatal para Prevenir la Violencia Contra la Mujer; Elvira Susano Arauda, directora general de Estudios Legislativos y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer; Dulce Merary Villalobos Tlatempa, consejera del IEPC; Sindy Javier Hernández, directora de Estudios Legislativos de la Fiscalía General del Estado; y María Teresa Gutiérrez Jiménez, coordinadora de la Unidad de Género de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
También asistieron Rosa María Gómez Saavedra, representante del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad, A. C.; Beatriz Eslava Borja, presidenta de Kanicheé Eslava, A. C.; además de titulares de las unidades de Género de las secretarías de Finanzas y Administración, Bienestar, Seguridad Pública, Educación, Salud y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, entre otros funcionarios.