Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó diversas adiciones a la Ley de Salud local con el objetivo de garantizar que las personas indígenas o con dificultades en el dominio del español tengan derecho a un intérprete en su propia lengua en todos los niveles del sistema sanitario estatal.
Al fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Salud —basado en una iniciativa de la diputada Catalina Apolinar Santiago—, la legisladora Beatriz Vélez Núñez señaló que la reforma busca visibilizar y atender de manera integral el derecho a la salud sin discriminación lingüística, ante las barreras de comunicación que enfrentan miles de ciudadanos indígenas en los centros médicos de la entidad.
Durante su intervención en tribuna, Vélez Núñez argumentó la importancia de la reforma:
“Garantizar que toda persona indígena o con dificultades para expresarse en español cuente con un intérprete en su lengua, y que las autoridades de salud tengan la obligación de formar o emplear personal capacitado, no es un privilegio, es un acto de equidad que asegura que el acceso a la salud sea verdaderamente universal”.
La modificación legislativa contempla la adición de un segundo párrafo al artículo 72 y de un cuarto párrafo al artículo 103 de la Ley 1212 de Salud del Estado de Guerrero. De acuerdo con la argumentación de la comisión, estas medidas buscan propiciar diagnósticos más precisos, tratamientos adecuados y el reconocimiento a la dignidad de los sectores históricamente marginados.
Solicitan calendarización y ampliación de unidades móviles de salud
En la misma sesión, el Pleno aprobó un exhorto dirigido a la Secretaría de Salud del Estado y a la Coordinación del IMSS-Bienestar en Guerrero para implementar un programa de calendarización periódica y ampliación geográfica de las unidades móviles de salud, sujeto a la disponibilidad presupuestal.
El acuerdo establece la necesidad de coordinarse institucionalmente con los 84 municipios del estado y con el Consejo Municipal de Ayutla de los Libres. El propósito es asegurar que las comunidades rurales, indígenas y vulnerables conozcan con anticipación las visitas para el seguimiento médico, de enfermería y de promoción de la salud. Asimismo, se solicitó la integración de un Comité de Salud Comunitaria encargado de emitir lineamientos conjuntos, indicadores de evaluación y mecanismos de transparencia presupuestal.
La propuesta, impulsada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares y fundamentada también por Beatriz Vélez Núñez, plantea que las unidades móviles son herramientas eficaces en zonas de difícil acceso donde la infraestructura permanente es insuficiente, por lo que una calendarización pública resulta indispensable para dar certidumbre a la población.
Turnan a comisiones diversos puntos de acuerdo
El Congreso del Estado recibió y turnó a las comisiones correspondientes cuatro propuestas de acuerdo presentadas por diferentes legisladores.
La diputada Erika Lorena Lührs Cortés propuso requerir a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) convocar e instalar, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, un mecanismo de parlamento abierto para la armonización legislativa en materia judicial. La iniciativa fue turnada a la Jucopo para su análisis.
El diputado Juan Valenzo Villanueva presentó un exhorto dirigido al Ayuntamiento de Chilpancingo para que realice un diagnóstico técnico, vial y de protección civil en los tramos del encauzamiento del río Huacapa, así como en vialidades y puentes colindantes que presenten riesgos estructurales o de protección para los usuarios. Fue turnado a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Transporte, y de Protección Civil.
La diputada Violeta Martínez Pacheco propuso un exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado para fortalecer, a través de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam), el cumplimiento de los regímenes de convivencia familiar decretados por jueces, priorizando el interés superior de la niñez. El diputado Alejandro Bravo Abarca, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, se adhirió a esta propuesta.
El diputado Héctor Suárez Basurto planteó un exhorto a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Administración, y a la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado para realizar un estudio de viabilidad técnica y presupuestal que permita implementar un programa de transporte público exclusivo para personas con discapacidad. La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Transporte, y de Atención a las Personas con Discapacidad.