Gilberto Guzmán
La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado se encuentra analizando una iniciativa de reforma legal que propone la implementación de un sistema de supervisión externa certificada para los proyectos de desarrollo urbano.
La propuesta, presentada por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, busca adicionar el artículo 141 Bis a la Ley Número 790 de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. El objetivo central de la reforma es fortalecer el control técnico de las construcciones, prevenir irregularidades y asegurar que los nuevos desarrollos sean seguros, ordenados y sustentables.
Durante la presentación de la iniciativa, se expuso que el derecho a una vivienda adecuada y a un desarrollo urbano ordenado son principios fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales. En ese sentido, se argumentó la necesidad de garantizar que los asentamientos humanos y proyectos de urbanización cumplan estrictamente con estándares de seguridad estructural, protección civil, sustentabilidad ambiental y calidad en los servicios públicos.
De aprobarse la reforma, el nuevo sistema operará bajo los siguientes lineamientos: Evaluará proyectos de asentamientos humanos, fraccionamientos, obras de urbanización, vialidades y equipamiento urbano; las tareas de inspección estarán a cargo de empresas especializadas, las cuales deberán obtener una certificación oficial expedida por la autoridad estatal competente.
Además, las empresas supervisoras deberán actuar de forma totalmente independiente a los desarrolladores o propietarios de las obras; y los reportes emitidos por las supervisoras tendrán validez oficial y serán un requisito obligatorio para la liberación de etapas constructivas, la recepción de obras y la verificación de normas urbanísticas, ambientales y de protección civil.
Para obtener la certificación, las empresas interesadas deberán cumplir con un perfil estricto que incluye experiencia comprobable en supervisión técnica de obras y personal profesional especializado; certificación de calidad bajo estándares internacionales y seguro de responsabilidad civil; cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales; y equipo tecnológico apto para integrarse a las plataformas estatales de monitoreo.
Finalmente, la iniciativa plantea la creación de un Registro Público Estatal de Empresas Certificadas en Supervisión Externa, el cual será de consulta abierta y actualización periódica. Asimismo, el proyecto contempla un esquema de sanciones para las empresas que incumplan con sus obligaciones, el cual incluye la revocación definitiva de su certificación.