*Se busca separar la información estadística pública de los expedientes individuales para evitar riesgos de localización
Gilberto Guzmán
La diputada Gloria Villafuerte Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante el Congreso del Estado de Guerrero una iniciativa de reforma al artículo 38 de la Ley 838 de Atención a los Migrantes, orientada a garantizar el derecho a la confidencialidad y la protección de datos personales de las personas en situación de movilidad y sus familias.
Al fundamentar su propuesta, la legisladora señaló que la norma vigente incurre en una contradicción de origen al clasificar como pública la recopilación de datos de localización. “El marco actual considera información pública elementos como el nombre, la procedencia y el domicilio de origen. Estos no constituyen datos estadísticos, sino factores de localización que, al ser divulgados sin controles rigurosos, exponen a los migrantes y a sus familias a serios riesgos”, advirtió Villafuerte Soto.
Para corregir este vacío legal, la reforma contempla administrar de manera separada las estadísticas generales y los expedientes de atención directa. De avanzar la propuesta, la información estadística pública se difundirá únicamente de forma agregada, disociada y no identificable, con el fin exclusivo de orientar la planeación, presupuestación y evaluación de las políticas públicas en materia migratoria. En tanto, los expedientes individuales y familiares mantendrán un carácter estrictamente confidencial. Solo recabarán los datos indispensables para el seguimiento de los trámites y su acceso quedará restringido al personal autorizado.
“No se puede condicionar el apoyo institucional a la entrega desmedida de información sensible. La privacidad de la población migrante debe ser una garantía, no un obstáculo para recibir atención”, enfatizó la diputada.
En ese sentido, el proyecto de ley establece de forma explícita que la negativa de un usuario a proporcionar datos no esenciales no podrá ser causa para negar, retrasar o condicionar los servicios que prestan las instituciones estatales.
Tras su lectura en el pleno, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Migrantes para su correspondiente análisis, discusión y dictaminación.