Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó una serie de reformas a la Ley de Educación local con el objetivo de regular y supervisar la oferta alimentaria dentro de los planteles escolares, buscando con ello la promoción de estilos de vida saludables en el entorno educativo.
El dictamen emitido por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología —basado en una propuesta del diputado Pánfilo Sánchez Almazán— señala que esta armonización legislativa responde a la obligación de las entidades federativas para garantizar los derechos de la niñez a través de marcos jurídicos eficaces en materia educativa y de salud.
Durante la presentación del dictamen, el diputado Sánchez Almazán, en su calidad de presidente de la mencionada comisión, expuso que la medida busca impulsar una nutrición adecuada dentro de los centros escolares para combatir la malnutrición infantil. Asimismo, señaló que la iniciativa se alinea con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño para proveer entornos seguros.
De acuerdo con el documento aprobado, el fortalecimiento de los entornos escolares saludables se plantea como una estrategia estructural orientada a la protección del derecho a la salud y el interés superior de la niñez.
La reforma aprobada establece lineamientos específicos para la operación de los planteles educativos en la entidad, entre los que destacan: Monitoreo constante de los alimentos y bebidas que se ofrecen en las cooperativas y tiendas escolares; restricción total a la venta y publicidad de productos ultraprocesados o con altos niveles de azúcares añadidos.
Además de la promoción de alimentos nutritivos, frescos y de origen regional dentro de las escuelas; asignación de obligaciones claras a las autoridades educativas locales para el cumplimiento de la norma; y la clasificación del incumplimiento de estas disposiciones como infracciones administrativas.
Con estas modificaciones, la Secretaría de Educación Guerrero y las autoridades escolares correspondientes quedan mandatadas para aplicar los nuevos criterios de supervisión y vigilar que no se distribuyan productos prohibidos en las instalaciones educativas del estado.