*El diálogo y la coordinación no pueden romperse en medio de una crisis marcada por desplazamientos, amenazas y violencia”, respondió el Centro Minerva Bello
Gilberto Guzmán
La estrategia de seguridad en la región Centro y Montaña de Guerrero ha sufrido una severa fractura política tras el anuncio oficial de nueve presidentes municipales, pertenecientes a cuatro partidos políticos distintos, de retirarse definitivamente de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, bajo el argumento de que el mecanismo padece de “omisión, indiferencia y falta de respuestas eficaces” frente a la persistente ola de violencia en sus demarcaciones.
La declaración conjunta de los alcaldes disidentes —a través de un comunicado difundido el sábado— señala de manera contundente que la Mesa de Seguridad “ha dejado de cumplir con el propósito para el que fue creada, y que hoy representa solamente un espacio donde se minimiza la gravedad de los hechos que padecen nuestros municipios”.
Los firmantes de este posicionamiento de ruptura son Ángel Aguilar Romero (Morena), de Acatepec; Alberto Michi Campos (PRI), de Tixtla; David Astudillo Morales (PRD), de Quechultenango; Pedro Ojeda Reyes (PRD), de Ahuacuotzingo; Gerardo Mosso López (PVEM), de Mochitlán; Jesús Vázquez García (PRD), de Mártir de Cuilapan; Guillermo Matías Barrón (PVEM), de Atlixtac; Micaela Manzano Martínez (PVEM), de José Joaquín de Herrera; y Khalia Areli Ramos Decena (PRD), de Zitlala.
Este bloque de presidentes municipales manifestó su total respaldo a la alcaldesa de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, militante del PRI. Los alcaldes explicaron que el pasado viernes intentaron ingresar a una reunión clave para abordar la emergencia de seguridad en la periferia de Chilapa bajo invitación formal de Carballo Chino; sin embargo, acusaron que autoridades estatales y federales les bloquearon de manera explícita el acceso a las instalaciones correspondientes.
La crisis interna se profundizó tras las contradicciones entre el ayuntamiento de Chilapa y el gobierno del estado de Guerrero. Mediante un comunicado de prensa, la alcaldesa Mercedes Carballo Chino afirmó tajantemente que “NO existió ningún diálogo de pacificación, negociación o acuerdo entre las partes involucradas” durante el encuentro en el que participaron representantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y el subsecretario de Desarrollo Político y Social estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, lo cual refutó la versión oficial del gobierno de Guerrero, que previamente había calificado el encuentro como un avance para ofrecer una “paz duradera, sostenida en el diálogo”.
El trasfondo de esta confrontación institucional radica en la escalada de agresiones armadas cometidas por el grupo criminal conocido como Los Ardillos, cuya estructura delictiva mantiene un control severo sobre la zona. Habitantes del municipio de Chilapa, activistas locales e integrantes de las policías comunitarias han exigido en reiteradas manifestaciones justicia inmediata para las víctimas de homicidio, así como el desmantelamiento total de este grupo delincuencial. Las denuncias ciudadanas de los últimos días remarcan ataques directos con armas de grueso calibre y drones en los poblados de la Montaña Baja, hechos que han provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias de comunidades originarias como Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán hacia refugios temporales en Alcozacán.
Ante la parálisis en los canales institucionales de seguridad, diversos organismos civiles manifestaron su honda preocupación por la disidencia de los ediles. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello lanzaron un exhorto urgente a los nueve gobiernos municipales para que reconsideren la decisión e ingresen nuevamente a las sesiones de coordinación. De acuerdo con el pronunciamiento del Centro Minerva Bello, aunque se reconoce el desgaste de las autoridades locales ante la crisis, la salida de las Mesas de Paz debilita la capacidad de interlocución y desprotege a las poblaciones, argumentando que “el diálogo y la coordinación no pueden romperse en medio de una crisis marcada por desplazamientos, amenazas y violencia”.