Gilberto Guzmán
Con el objetivo de garantizar la seguridad de las infancias ante entornos de violencia extrema, la diputada Leticia Mosso Hernández presentó una iniciativa de adición al Código Civil del Estado de Guerrero para suspender de manera inmediata el régimen de visitas y convivencia cuando el padre sea vinculado a proceso por feminicidio o tentativa de feminicidio en contra de la madre.
Al presentar el documento, la legisladora subrayó que esta iniciativa fue construida en conjunto con Aimé Ríos, de la Red Nacional de Sobrevivientes de Feminicidio (RENASE), y el colectivo Morras Contra la Violencia Institucional. Mosso Hernández destacó que la propuesta nace del trabajo colectivo y la experiencia directa de mujeres que han enfrentado la violencia feminicida.
“La medida propuesta contribuye a evitar la revictimización, garantizar entornos seguros y prevenir daños irreparables en las y los menores”, puntualizó la diputada.
La iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sostiene que el Estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas que protejan la integridad física y emocional de los menores.
El documento aclara que, aunque el régimen de convivencia es un derecho para preservar vínculos afectivos, este debe subordinarse al bienestar del menor cuando existan indicios de violencia. En este sentido, la adición del artículo 589 Ter se plantea como una medida preventiva y provisional que no constituye una sanción anticipada ni vulnera la presunción de inocencia; responde a la gravedad del delito y busca mitigar el impacto de dinámicas familiares profundamente afectadas por la violencia extrema.
Finalmente, la legisladora reiteró que esta reforma es parte de un paquete legislativo integral diseñado para cerrar las brechas de impunidad y proteger a las víctimas indirectas del feminicidio en la entidad.
