Gilberto Guzmán
Los diputados Diana Bernabé Vega y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros presentaron una iniciativa de reforma a la Ley sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero para depurar el calendario cívico de personajes vinculados con violaciones a los derechos humanos, con dedicatoria a los exgobernadores priistas Rubén Figueroa Alcocer, e incorporar, en su lugar, a los maestros Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.
Durante la sesión de este miércoles, la diputada Bernabé Vega expuso que la historia estatal ha documentado graves agravios como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desplazamientos forzados de comunidades campesinas y el uso sistemático de fuerzas policiales y militares para reprimir el descontento social.
“Esta iniciativa propone eliminar del calendario estatal el homenaje del 9 de noviembre a Rubén Figueroa Figueroa, símbolo de la ‘Guerra Sucia’ en Guerrero. El calendario cívico no debe glorificar a los opresores; en su lugar, proponemos incluir los natalicios de los maestros Lucio Cabañas y Genaro Vázquez”, afirmó la legisladora.
A esta propuesta se sumaron las diputadas Marisol Bazán Fernández, Claudia Sierra Pérez, Glafira Meraza Prudente, Araceli Ocampo Manzanares y el diputado Carlos Eduardo Bello Solano.
Por su parte, el diputado Pablo Amílcar Sandoval coincidió en la urgencia de retirar del marco legal a figuras ligadas a la “Guerra Sucia” para garantizar el derecho a la verdad de la ciudadanía.
Específicamente, Sandoval propuso derogar lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 761 —referente al natalicio de Rubén Figueroa— y establecer oficialmente las conmemoraciones de los maestros Genaro Vázquez Rojas (10 de junio) y Lucio Cabañas Barrientos (2 de diciembre).
Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Cultura para su análisis y dictaminación.
En la misma línea, la diputada Araceli Ocampo Manzanares presentó reformas a las leyes de Asentamientos Humanos, Educación y Orgánica del Municipio Libre.
El objetivo primordial es prohibir el uso de nombres de responsables de violaciones a los derechos humanos en la nomenclatura de calles, espacios públicos y planteles educativos, promoviendo con ello una identidad estatal basada en la ética y la dignidad.