Gilberto Guzmán
El diputado Arturo Álvarez Angli presentó ante el Congreso local una iniciativa de reforma a diversas leyes estatales con el objetivo de que el diseño de la vivienda social incorpore criterios de accesibilidad universal para asegurar que las personas adultas mayores y con discapacidad tengan acceso a créditos y subsidios para la adaptación y remodelación de sus hogares.
Las modificaciones contemplan cambios al artículo 79 de la Ley de Vivienda Social; al artículo 21 Bis de la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y al artículo 87 de la Ley para las Personas con Discapacidad, todas del Estado de Guerrero.
De acuerdo con los datos expuestos por el legislador, en Guerrero cerca del 8.4% de la población vive con alguna discapacidad, lo que ubica a la entidad entre las de mayor incidencia a nivel nacional. Asimismo, el estado registra más de 443 mil personas de 60 años o más. Ambos sectores enfrentan barreras físicas en sus hogares que limitan su autonomía e incrementan el riesgo de accidentes.
Ante la falta de condiciones adecuadas para el desplazamiento seguro en los inmuebles actuales, la iniciativa plantea que los nuevos proyectos arquitectónicos consideren obligatoriamente espacios accesibles y rampas, pasamanos y pisos seguros y adecuaciones específicas para la movilidad reducida.
Además, se propone que las instituciones públicas de vivienda amplíen sus programas de financiamiento. De este modo, los beneficiarios podrán acceder a créditos no solo para la adquisición de inmuebles, sino también para la remodelación o adaptación de propiedades existentes.
La reforma busca armonizar el marco legal de Guerrero con las disposiciones federales publicadas en junio de 2024 en materia de vivienda adaptada. El proyecto fue turnado a las Comisiones Unidas de Vivienda, de Atención a los Adultos Mayores, y de Atención a las Personas con Discapacidad para su análisis.
Nueva Ley para la Conservación del Arbolado Urbano
En la misma sesión, Álvarez Angli presentó, en coparticipación con el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, la iniciativa de Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Guerrero. El proyecto regula la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de la flora en las zonas urbanas de la entidad.
La propuesta argumenta la necesidad de generar un equilibrio ecológico que mitigue los efectos del cambio climático, fortalezca la resiliencia ante fenómenos hidrometeorológicos y preserve tanto la biodiversidad tropical como los saberes ancestrales de las comunidades indígenas.
Entre sus puntos principales, el marco legal prohíbe prácticas como la poda excesiva y el derribo de ejemplares sin dictamen previo y el uso de fuego o agentes químicos dañinos.
La normativa establece que el arbolado urbano sea considerado un bien público protegido, priorizando el beneficio colectivo sobre intereses particulares bajo criterios de gestión ambiental. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.