Gilberto Guzmán
Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas en la entidad, el diputado Alejandro Carabias Icaza presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con la que busca establecer la obligación legal de que los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los organismos públicos autónomos comparezcan ante el Congreso local.
De acuerdo con el legislador, la medida busca fortalecer la vigilancia y la transparencia en el uso de los recursos públicos, bajo la premisa de que es indispensable que las instituciones expliquen y justifiquen su actuar ante la ciudadanía.
Durante su exposición, Carabias Icaza señaló que, en las últimas décadas, México ha avanzado hacia un modelo institucional más sólido en materia de fiscalización y combate a la corrupción. En ese contexto, argumentó que los sistemas nacionales y estatales vigentes se sustentan en el principio constitucional de que ninguna autoridad debe quedar exenta del escrutinio público.
“Su diseño responde a la necesidad de contar con instituciones técnicas, imparciales e independientes en áreas estratégicas. Sin embargo, su autonomía no puede ni debe interpretarse como ausencia de control. Por el contrario, la autonomía implica una responsabilidad reforzada ante la sociedad”, expresó el diputado en referencia a los organismos autónomos.
Asimismo, recordó que la Constitución establece que todo organismo autónomo que ejerza presupuesto estatal debe contar con un OIC. Estas instancias, además de actuar como garantes del derecho de acceso a la información y de la protección de datos, son piezas clave para prevenir irregularidades y sancionar conductas indebidas en el funcionamiento institucional.
La reforma plantea, de manera específica, la adición de la Sección Tercera al Capítulo Segundo del Título Tercero, así como del artículo 116 Quáter a la mencionada ley orgánica. Con ello, se busca equiparar la responsabilidad de los contralores de los organismos autónomos con la que ya tiene el titular del OIC del propio Congreso, al obligarlos a rendir informes y comparecer ante el Pleno.
Tras su presentación, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación.