*Auditará y transparentará el fenómeno, explicó el diputado Jesús Parra García
Gilberto Guzmán
El diputado Jesús Parra García presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el Título Cuarto Bis a la Ley 417 contra la Trata de Personas en Guerrero. La propuesta busca crear el Observatorio Estatal para el Seguimiento y Evaluación en la materia, concebido como un órgano técnico encargado de auditar, sistematizar y transparentar la información sobre este delito.
Desde la tribuna, el legislador advirtió que en la entidad, al igual que en otros puntos del país, diariamente hay personas “compradas, trasladadas y despojadas de su dignidad”.
Detalló que el flagelo afecta con mayor severidad a las comunidades indígenas y afromexicanas de la Montaña y la Costa Chica por sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, señaló que polos turísticos como Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa y Taxco presentan factores de riesgo para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Parra García recordó que el Congreso local dio un primer paso en 2016 con la aprobación de la Ley 417, la cual definió las atribuciones de la Comisión Interinstitucional —integrada por 18 dependencias— y asignó a la Secretaría de Seguridad Pública la gestión de la base de datos oficial. Sin embargo, enfatizó que la arquitectura institucional actual requiere de un organismo autónomo que procese y fiscalice dicha información de manera permanente.
El proyecto plantea que el nuevo Observatorio opere bajo la órbita de la propia Comisión Interinstitucional, con autonomía técnica e integrando la participación de la sociedad civil, la academia y víctimas del delito.
“No se propone una ley nueva ni una ocurrencia parlamentaria, sino completar con precisión legislativa la estructura existente, sin duplicar funciones ni generar cargas presupuestales insostenibles para el estado”, puntualizó el diputado a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.
El legislador enfatizó que el consentimiento obtenido mediante coacción adolece de validez legal y moral, en alineación con el Protocolo de Palermo y la Ley General de la materia. “Que Guerrero no sea recordado como la tierra donde la trata avanzó en silencio, sino como el estado que decidió medirla, nombrarla y enfrentarla. La libertad no está a la venta”, concluyó.