Gilberto Guzmán
Para evaluar el impacto real y las deficiencias de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), el Congreso del Estado aprobó un exhorto dirigido a los 85 municipios a fin de que rindan un informe detallado sobre su infraestructura, equipamiento, personal, servicios prestados, cobertura y necesidades prioritarias.
Al fundamentar la propuesta en la sesión de este miércoles, la diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) sostuvo que estas unidades constituyen un pilar fundamental para garantizar la atención en salud, al destacar que representan “una alternativa para acercar los servicios mediante orientación terapéutica, seguimiento de tratamientos y canalización a instituciones especializadas”.
La legisladora argumentó que resulta indispensable fiscalizar y conocer el estado actual de las UBR para identificar sus rezagos y fortalecer su capacidad operativa, con especial énfasis en “las comunidades rurales, localidades de difícil acceso y zonas con mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica”.
Asimismo, Rodríguez Armenta enfatizó la dimensión política y social del dictamen, al señalar que la discapacidad requiere un enfoque de derechos humanos e inclusión: “Todas las personas tienen derecho a acceder a servicios de salud, habilitación y rehabilitación, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, favorecer su autonomía y promover su participación plena en la sociedad”.
En el caso de las alcaldías que carezcan de una UBR, el acuerdo parlamentario obliga a notificar explícitamente dicha omisión, así como a detallar qué planes o gestiones contemplan para garantizar la atención a las personas con discapacidad en su demarcación.
Los ayuntamientos contarán con un plazo de 30 días hábiles tras ser notificados para remitir la información a la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad. Con estos insumos, el órgano legislativo elaborará un diagnóstico estatal y ejercerá sus facultades para hacer cumplir la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.