*”Qué grave es que se lleven a cabo esos bloqueos con todos los daños que lleva (…) como un medio de presión para lograr lo que yo quiero”, señaló la funcionaria
Gilberto Guzmán
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Anacleta López Vega, afirmó que gran parte de las marchas, bloqueos carreteros y tomas de edificios que se registran en la entidad no persiguen causas colectivas, sino intereses y beneficios personales; no obstante, aseguró que la administración estatal atiende todas las expresiones sociales privilegiando el diálogo sobre el uso de la fuerza pública.
Durante la ronda de respuestas en su comparecencia ante el pleno del Congreso del Estado, con motivo de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno de la mandataria Evelyn Salgado Pineda, la funcionaria calificó las protestas viales como una “movilidad histórica” que se arrastra año con año y que resulta compleja de destrabar debido a demandas “estratégicas” y “estratosféricas” en materia financiera y de obra pública, las cuales deben ajustarse a la disponibilidad presupuestal del Estado.
Al responder a los cuestionamientos de la diputada Erika Lorena Lürhs Cortés, López Vega señaló que este tipo de movilizaciones —especialmente en vías de comunicación como la Autopista del Sol y carreteras federales— afectan gravemente los derechos de terceros, particularmente en el acceso a la salud y al libre tránsito, además de utilizarse como medida de presión para obtener prebendas particulares.
“Qué grave es que se lleven a cabo esos bloqueos con todos los daños que lleva y que sea para solamente ser usado como un medio de presión para lograr lo que yo quiero; no siempre son los intereses para la sociedad civil o para el pueblo de Guerrero”, expresó ante las y los legisladores, al tiempo que invitó a los grupos inconformes a sustituir los cierres viales por mesas de trabajo para revisar la viabilidad financiera de sus pliegos petitorios.
Respecto a su permanencia durante tres años como encargada de despacho de la política interna del estado sin contar con el nombramiento de titular, López Vega sostuvo que dicha condición jurídica no ha limitado su capacidad operativa ni su legitimidad para encabezar la gobernabilidad, asegurando que no está “aferrada” al cargo, sino enfocada en dar seguimiento a las audiencias ciudadanas.
En respuesta a las interrogantes de la diputada Irene Montiel Servín, la funcionaria detalló que en el caso de las familias desplazadas por la violencia en el municipio de Chilapa de Álvarez, el gobierno estatal opera en coordinación con la Federación a través del Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja, brindando no solo asistencia alimentaria, sino atención médica, psicológica, educativa y de estancia temporal.
Asimismo, informó que el resguardo temporal del Centro de Búsqueda de Personas ya concluyó su etapa de obra civil y se encuentra en proceso de equipamiento mobiliario, para lo cual se ejerció un presupuesto federal de 26 millones de pesos este año, estimando que entre en operaciones a principios del próximo año en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
En materia de protección a periodistas y personas aspirantes a cargos de elección popular, explicó que la unidad estatal actúa como enlace operativo y coadyuvante del Mecanismo Nacional de Protección, mientras que las solicitudes de seguridad para actores políticos se canalizan de manera inmediata a las mesas de coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar).
Finalmente, sobre los conflictos agrarios en la entidad, López Vega destacó que a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios se realizaron 54 mesas de trabajo y 67 audiencias, logrando destrabar disputas históricas de hasta cuatro décadas, como el caso entre las comunidades de El Jicaral y Jicayán de Tovar, donde finalmente se ejecutó una sentencia jurisdiccional firme.
