Gilberto Guzmán
Con el objetivo de mejorar la prevención, coordinación y respuesta ante desastres naturales o provocados, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó reformas a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, las cuales fortalecen las atribuciones del Consejo y del Sistema Estatal en la materia.
Al fundamentar el dictamen —propuesto originalmente por la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena)—, el legislador Édgar Ventura de la Cruz advirtió que la vulnerabilidad geográfica del estado ante huracanes, sismos e incendios forestales obliga a consolidar instituciones con mayor capacidad de planeación y reacción.
Las modificaciones legales destacan la integración y regulación legal de los Consejos y Comités Comunitarios de Protección Civil. Ventura de la Cruz subrayó que organizar a estos órganos ciudadanos es una medida estratégica, ya que las comunidades son el primer nivel de respuesta ante una emergencia.
“Fomentar la participación comunitaria en la toma de decisiones resulta de mucha importancia para promover una sociedad más organizada; su capacitación representa una herramienta fundamental para prevenir pérdidas humanas y materiales”, apuntó.
Presentación de Iniciativas
Durante la sesión de este miércoles, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado, acompañada de reformas a los códigos Penal y de la Administración Pública. El objetivo es garantizar la reparación obligatoria de daños a los ecosistemas y asegurar que las sanciones económicas se destinen íntegramente a la restauración de la biodiversidad. Fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, Recursos Naturales y Estudios Constitucionales.
La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) propuso tipificar el “robo de agave” en el Código Penal estatal, estableciendo sanciones de 3 a 6 años de prisión a quien corte o sustraiga estas plantas de terrenos agrícolas. La pena aumentaría hasta en una mitad si el delito se comete con violencia, maquinaria, fines de comercialización, o si participan dos o más personas afectando a ejidos. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) planteó reformar la Ley Orgánica del Municipio Libre para eliminar el requisito de presentar el “Acta de Anuencia del Cabildo” cuando las solicitudes para crear nuevos municipios provengan de pueblos indígenas y afromexicanos. A la propuesta se adhirieron los diputados Catalina Apolinar Santiago y Julián López Galeana. La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.