*Transportan madera sin control, señala el diputado Edgar Ventura
Gilberto Guzmán
El diputado Edgar Ventura de la Cruz propuso exhortar al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que ordene operativos inmediatos de vigilancia en las regiones de la Montaña y Costa Chica. El objetivo es verificar la legalidad de la tala de árboles maderables y, en caso de detectar irregularidades, iniciar los procedimientos legales y aplicar las sanciones correspondientes.
El legislador alertó que ambas regiones enfrentan un grave problema de tala inmoderada, lo que vulnera el derecho humano de las y los guerrerenses a gozar de un medio ambiente sano.
Como representante del distrito 28, Ventura de la Cruz señaló que ha recibido constantes peticiones de auxilio de diversos municipios, entre ellos Malinaltepec, Cochoapa el Grande, San Luis Acatlán, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte e Iliatenco.
Los habitantes exigen mayor vigilancia debido al constante tránsito de vehículos que transportan madera sin que exista certeza de su procedencia legal.
El diputado aseguró que la deforestación descontrolada ya muestra consecuencias graves en la región, provocando el desbordamiento de ríos y arroyos, así como un alza extrema en las temperaturas. Este impacto climático afecta de manera directa la salud de los sectores más vulnerables, principalmente a niñas, niños y personas adultas mayores.
“No podemos continuar permitiendo la deforestación de nuestros bosques; debemos cerrar el paso a la tala ilegal y las autoridades en la materia deben revisar minuciosamente si los permisos otorgados cumplen con las especificaciones de ley”, sentenció el legislador.
Finalmente, el diputado reconoció la efectividad de programas federales como Sembrando Vida, destacando que además de reforestar, otorgan un beneficio económico directo a las y los beneficiarios. Sin embargo, precisó que los árboles recién plantados necesitan tiempo para alcanzar la madurez necesaria antes de ser aprovechados como materia prima.
Por ello, insistió en que las autoridades competentes deben intervenir de manera oportuna para frenar la tala ilegal, ya que este fenómeno desestabiliza gravemente el ecosistema actual.