Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado de Guerrero aprobó una serie de reformas en materia ambiental orientadas a precisar el concepto de “tiradero a cielo abierto”, facultar a la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado para clausurar predios utilizados como depósitos clandestinos o de quema no autorizada de residuos, y articular acciones en favor de la salud pública y la preservación ecológica de la entidad.
Las adecuaciones legislativas modificaron las leyes 878 de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos, ambas del Estado de Guerrero, a partir de iniciativas presentadas por la diputada Obdulia Naranjo Cabrera, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
De acuerdo con lo expuesto en los dictámenes, los tiraderos a cielo abierto representan una falla estructural severa que vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano y contraviene la normatividad federal, la cual establece la transición obligatoria hacia rellenos sanitarios tecnificados en sustitución de los vertimientos de desechos no controlados.
El documento retoma estudios técnicos y científicos de organismos internacionales y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para señalar que los sitios clandestinos provocan la degradación anaerobia de la materia orgánica, con la consiguiente emisión de altos volúmenes de metano y sustancias cancerígenas por la quema descontrolada de basura. Asimismo, advierte sobre la filtración de lixiviados con metales pesados como plomo, mercurio y cadmio, los cuales contaminan reservas de agua subterránea, cuencas prioritarias como la del Río Balsas y zonas costeras, además de multiplicar vectores de enfermedades contagiosas entre la población.
Con el propósito de cerrar resquicios de impunidad, las y los integrantes de la LXIV Legislatura modificaron la redacción legal al incorporar el término “depósitos” junto al de “tiraderos” y eliminar el vocablo “sólidos”. Con esta precisión, el marco jurídico asegura que los procedimientos de clausura y saneamiento municipal abarquen la presencia de cualquier tipo de residuo de manejo especial, lodo o sustancia abandonada al aire libre. A la par, la reforma vincula legalmente a los ayuntamientos a sanear los predios previamente clausurados y a regularizar sus sitios de disposición final conforme a los parámetros fijados en las normas oficiales mexicanas.
El paquete de reformas modificó además las leyes 878 de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos, 488 de Desarrollo Forestal Sustentable, 491 de Bienestar Animal y 845 de Cambio Climático, con el objetivo de actualizar la denominación de la extinta Procuraduría de Protección Ecológica (PROPEG) a Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de Guerrero (PROPAEG). Con esta homologación institucional se busca corregir vacíos legales, prevenir eventuales nulidades en actos de autoridad y dar certeza jurídica a las labores de inspección, vigilancia, atención de denuncias y sanción a cargo de la procuraduría ambiental.
Al hacer uso de la tribuna para fundamentar los dictámenes, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, afirmó que la entidad requería una actualización urgente de sus herramientas jurídicas para detener el deterioro ecológico. “Con estas reformas cerramos el paso a la simulación en el manejo de los desechos y otorgamos dientes institucionales a la autoridad ambiental para actuar con firmeza contra los depósitos clandestinos que atentan contra la salud de nuestras comunidades”, sostuvo la legisladora.
En el mismo sentido se pronunciaron los legisladores Alejandro Carabias Icaza y María Irene Montiel Servín, integrantes de la misma comisión dictaminadora, quienes remarcaron el alcance técnico de la medida. “La regulación ambiental no puede quedar en meros enunciados; era indispensable dotar a la PROPAEG de pleno respaldo legal para evitar que los procedimientos de sanción o clausura se caigan por imprecisiones en el texto de la ley”, enfatizó el diputado Carabias Icaza durante la sesión.
En el desarrollo de la misma jornada plenaria, el Congreso local aprobó un punto de acuerdo propuesto por el diputado Héctor Suárez Basurto, del grupo parlamentario de Morena, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) y a la PROPAEG a formular e implementar un programa de acompañamiento en gestión y manejo de residuos. El exhorto plantea que dicho programa opere bajo un enfoque regional e intermunicipal para coordinar la detección, erradicación, regularización y saneamiento de los predios empleados como vertederos clandestinos en el territorio estatal.