Gilberto Guzmán
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Salud, el Instituto Estatal de Cancerología (IECAN) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero) a diseñar e implementar de forma coordinada el programa de apoyo social denominado “Tarjeta Rosa de Apoyo para Mujeres con Cáncer”, con el fin de otorgar facultades operativas y presupuestales a las dependencias involucradas para mitigar el impacto socioeconómico que genera el padecimiento en la población femenina de la entidad.
La proposición fue presentada por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, integrante del grupo parlamentario de Morena, quien argumentó que el abordaje del cáncer femenino requiere un enfoque integral, porque las pacientes enfrentan barreras económicas, responsabilidades familiares y gastos adicionales asociados a traslados recurrentes.
“Lo que se pretende con este punto de acuerdo es complementar los servicios de salud, mediante apoyos sociales que contribuyan a reducir las barreras económicas y territoriales que enfrentan las mujeres con cáncer”, remarcó la diputada.
De acuerdo con el planteamiento, las características de dispersión geográfica y marginalidad que prevalecen en Guerrero acentúan los impedimentos para el acceso oportuno a la atención médica especializada. Por ello, el exhorto propone la aplicación de políticas públicas articuladas con perspectiva de género que prioricen a los sectores en condición de vulnerabilidad social.
El programa proyecta en una primera fase la facilitación del transporte de las pacientes hacia las unidades médicas e institutos especializados donde reciben consulta externa, pruebas diagnósticas y tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Asimismo, sugiere descentralizar estudios de laboratorio hacia los municipios de origen de las beneficiarias, sujeto a la capacidad técnica, disponibilidad de infraestructura local y la viabilidad médica correspondiente.
Finalmente, el acuerdo plantea establecer esquemas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno institucional y los sistemas DIF municipales para la identificación, orientación y acompañamiento de las solicitantes y se contempla la conformación de mesas institucionales de trabajo destinadas a delimitar el padrón de beneficiarias, reglas de operación, requisitos de acceso, fuentes de financiamiento y lineamientos de transparencia y evaluación del programa.