*El exhorto demanda aclarar la asignación a una empresa vinculada a la presidencia de la CMIC, cuestionando la falta de transparencia y la capacidad técnica para ejecutar el proyecto
Gilberto Guzmán
Con 26 votos, el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto para que el titular del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en la entidad, Ricardo Alarcón Abarca, entregue, en un plazo improrrogable de 10 días naturales, un informe detallado, completo, documentado y avalado por un laboratorio externo certificado sobre la obra de rehabilitación del tramo carretero Chilpancingo-Petaquillas, a la que se destinaron más de 40 millones de pesos y que fue adjudicada a una empresa de la presidenta de la delegación estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Rosalba Marcelo Pani.
La propuesta, impulsada por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza, demanda además la suspensión inmediata de los trabajos en dicha vía hasta que se solventen las dudas planteadas. El legislador cuestionó la viabilidad y la transparencia del proyecto, al señalar que la vialidad no presentaba daños previos, que la inversión supera los 40 millones de pesos y que la obra fue adjudicada a una empresa vinculada a la dirigencia de la CMIC.
Durante su intervención en tribuna, Jiménez Mendoza argumentó que la obra carece de difusión oficial y expuso presuntas deficiencias técnicas en la ejecución de los trabajos. Detalló que, tras el retiro de la carpeta asfáltica original, comenzaron a registrarse afectaciones en la superficie que antes no existían, lo que atribuyó a una mala estabilización de la base asfáltica.
“Este tramo carretero, que une la capital del estado con municipios vecinos y comunidades, no tenía un solo bache; ahora tiene varios. Cuando empezaron los trabajos de rehabilitación, después de remover la base, tirar la carpeta asfáltica, aparecieron dos grandes baches, lo que nos habla de un mal procedimiento en la colocación de la base y del asfalto”, manifestó el legislador.
El diputado también hizo énfasis en las condiciones logísticas de la obra, al denunciar la falta de señalización adecuada, la escasez de personal para el control del tránsito y el uso de equipo que, a su juicio, no cumple con los estándares necesarios. Además, solicitó el esclarecimiento de los criterios de asignación del contrato y señaló directamente un posible conflicto de interés en el sector de la construcción local.
“Es necesario aclarar públicamente por qué la licitación de esta obra fue asignada a una empresa propiedad de la presidenta de la CMIC en Guerrero, y que por cierto, los anteriores presidentes también han resultado sistemáticamente beneficiados con obras de gran inversión en nuestro estado”, apuntó.
Finalmente, el legislador comparó la situación con proyectos previos en la región de Tixtla y Chilapa, que presentaron deterioros prematuros sin que se aplicaran las fianzas correspondientes. Sostuvo que los recursos federales debieron priorizarse para tramos carreteros con mayores necesidades de infraestructura y reiteró que la inversión actual de 40 millones de pesos resultaba innecesaria, en este momento, para ese tramo específico.