Gilberto Guzmán
Con el propósito de eliminar barreras en el acceso a la justicia y garantizar la protección de la libertad sexual y la dignidad humana, el diputado Alejandro Bravo Abarca presentó una iniciativa de reforma para establecer que el delito de violación se persiga de oficio, aun cuando exista un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja entre la víctima y el agresor.
La propuesta pretende modificar el último párrafo del artículo 178 del Código Penal para el Estado de Guerrero Número 499, porque el marco normativo actual en la entidad condiciona la acción penal a la presentación de una querella cuando existe una relación de pareja. El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que esta exigencia procesal representa una condicionante desproporcionada “en contextos donde existen situaciones de dependencia económica, amenazas, intimidación, control o miedo” hacia la víctima.
Bravo Abarca precisó que la propuesta modifica exclusivamente el régimen de persecución penal, sin tipificar una nueva conducta delictiva, alterar los elementos constitutivos de la violación o modificar las penas establecidas. El cambio radica en obligar a las autoridades a investigar y perseguir el delito por ministerio de ley, independientemente del vínculo civil o afectivo entre las partes.
En la fundamentación del proyecto, se destacó que la modificación es congruente con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, en la que el pleno del máximo tribunal examinó y desestimó las disposiciones que otorgaban un tratamiento procesal diferenciado a la violencia sexual ejercida dentro del matrimonio o el concubinato.
“El matrimonio, el concubinato o una relación afectiva no implican consentimiento sexual permanente ni limitan la autonomía corporal y la libertad sexual de las personas”, enfatizó el diputado Bravo Abarca, al sostener que el vínculo entre la víctima y la persona agresora no debe constituir una condición que limite o condicione la intervención institucional ante este delito.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictaminación correspondiente.