*Dirigentes de la CNC y la bancada priista reportan pérdidas de hasta el 100% en cultivos de maíz y acusan falta de respuesta oficial
*En materia electoral, el tricolor confirma recurso legal contra el IEPC por extemporaneidad en sus acuerdos
Gilberto Guzmán
Dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron sobre una inminente crisis alimentaria en el estado de Guerrero provocada por la severa sequía que afecta al campo, la cual registra pérdidas de entre el 80 % y el 100 % en cosechas de granos básicos en diversas regiones, por lo cual exigieron a los gobiernos federal y estatal la emisión inmediata de una declaratoria de desastre natural para la entidad.
Durante una conferencia de prensa en el Congreso del Estado, el presidente estatal de la CNC, Guillermo Reyes Villela, expuso que el estiaje impacta de manera directa a un padrón aproximado de 335 mil productores, en su mayoría dedicados a la agricultura de autoconsumo y a la economía de traspatio.
Explicó que, a pesar de los exhortos promovidos en los parlamentos local, federal y en el Senado de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las dependencias del sector no han instrumentado un plan de contingencia ni liberado recursos extraordinarios.
“Para que pueda haber una estrategia o una política integral y poder intentar resarcir el daño ocasionado, tiene que haber una declaratoria (…). Las organizaciones no estamos pidiendo llevar ni tener mano en el manejo de algún programa; estamos denunciando porque esa es la tarea que tenemos de alzar la voz por nuestros representados y por los no representados, porque la desgracia es universal”, indicó.
Por su parte, el secretario general de la CNC en la entidad, Edel Chona Morales, detalló que Guerrero requiere anualmente cerca de 800 mil toneladas de maíz para satisfacer la demanda poblacional. Precisó que las lluvias registradas de forma tardía no revierten los daños en los cultivos de temporal de las regiones Costa Chica, Tierra Caliente, Norte y Centro, e informó que el precio del grano básico ya registra incrementos considerables en los mercados locales.
“Toda lluvia que ahorita venga, ya para los de autoconsumo y para los de la región Tierra Caliente, Norte y Costa Chica, esa agua ya no les va a ayudar. Revisamos y vemos que lo máximo que podemos estar cosechando es un 20% de todo lo que cultivamos. El tema no solo es el grano de maíz, es todo lo que conlleva la afectación de no haber llovido en su tiempo”, advirtió el cenecista.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Alejandro Bravo Abarca, señaló que las iniciativas e institucionalidad legislativa presentadas desde el mes de julio no han recibido respuesta favorable por parte del Ejecutivo estatal ni del Gobierno Federal, y alertó que la falta de atención al sector social del campo podría generar descontento y movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias.
“Lo hemos venido solicitando de manera muy respetuosa y muy responsable. Si no hay atención, seguramente va a haber una reacción de los campesinos; no se trata de colores ni de partidos políticos, es una situación preocupante que se está viviendo en el estado y ante la falta de una solución va a haber una reacción”, expuso el legislador.
Impugnación a los lineamientos de paridad del IEPC Guerrero
En el ámbito político-electoral, la bancada priista confirmó que interpuso un recurso de impugnación —el cual, afirmaron, fue presentado de forma independiente por al menos seis partidos políticos— en contra de los lineamientos de paridad de género y acciones afirmativas emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero.
La diputada local Pilar Vadillo Ruiz aclaró que la postura del partido no se opone a la paridad ni a la representación de grupos vulnerables (indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad y comunidad LGBTTTIQ+), sino a las irregularidades procesales y al incumplimiento de los tiempos fijados por los órganos jurisdiccionales, al haberse aprobado dichos criterios el 30 de septiembre y no el 7 del mismo mes, cuando inició formalmente el proceso electoral 2026-2027.
“Estamos a favor de que se atiendan los grupos vulnerables a través de las acciones afirmativas. ¿Qué hemos analizado como partido político? Que también se está señalando una falta de legalidad en el proceso. Evidentemente eso genera desconfianza y especulación; debieron ser aprobadas el día 7 de septiembre, no el 30. Exigimos desde el PRI que el órgano electoral se someta a la legalidad y se muestre totalmente imparcial”, apuntó Vadillo Ruiz.
Finalmente, el dirigente y legislador Alejandro Bravo Abarca sostuvo que el PRI cuenta con la representación política para postular candidatas en los 85 municipios de la entidad, pero reiteró la exigencia de que el árbitro electoral se conduzca con apego a la norma y certidumbre jurídica para todos los actores políticos.