*Hay más de 4 mil personas reconocidas como desaparecidas, y Guerrero se encuentra en los primeros lugares en fosas clandestinas, indicó Alan García
Gilberto Guzmán
Alan García Campos, coordinador de la Unidad de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la oficina en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), opinó que observa “buenas condiciones” para que se apruebe la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas, presentada en noviembre del 2022, y que es tan necesaria para otorgar justicia a las víctimas en una entidad que, oficialmente, registra más de 4 mil casos de desaparición forzada.
Informó que el martes estuvo en una reunión entre diputados locales y representantes de colectivos de búsqueda de personas en el Congreso del Estado para conocer la situación de la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas, que fue presentada en noviembre del 2022 y que no ha sido dictaminada.
“Venimos a dialogar con víctimas, en primer lugar, con actores del Congreso y con las instituciones que eventualmente tendrían una responsabilidad frente a ese marco regulatorio, a efecto de que se adopte una legislación a la altura de lo que las víctimas reclaman, a la altura de los derechos de las víctimas, pero sobre todo también a la altura del pueblo guerrerense”.
Expuso que en Guerrero se habla de más de 4 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, y la entidad se encuentra en los 5 primeros lugares en fosas clandestinas, en los 10 primeros lugares respecto a la cantidad de personas que han sido exhumadas.
“En Guerrero desde hace décadas la desaparición ha sido un flagelo, y en este sentido no hay tiempo que perder y estamos acá para proveer nuestra asistencia y cooperación técnica para que se cuente con una legislación lo antes posible, que recupere los más altos estándares y las mejores prácticas”, indicó el representante de la ONU.
Mencionó que aunque Guerrero fue la primera entidad federativa que contó con una ley especial en la materia, no ha sido capaz de contener la violencia que aún aqueja desde hace décadas, con casos de larga data y hoy se siguen presentando nuevos casos de desapariciones.
“Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, todas las víctimas tienen derecho a la justicia y todas las autoridades tienen que cumplir con la responsabilidad que les toca, en este caso el Congreso del Estado emitiendo esa legislación a la brevedad posible, escuchando a las víctimas, recuperando las mejores prácticas y dotando de ese marco legislativo robusto, que el pueblo de Guerrero se merece”, apuntó.
Alan García destacó que en Guerrero las víctimas han tenido que sustituir a las autoridades y asumir la carga que representa la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en muchos casos con un altísimo riesgo y sin el apoyo necesario para realizar labores que deberían estar realizando las instancias de gobierno.
“Creo que una legislación en la materia especializada podría remontar esa carga que indebidamente las víctimas han tenido que asumir, ante la omisión por parte de las autoridades en el cumplimiento de su deber”.
Calificó la reunión que se realizó el martes como “muy respetuosa y productiva”, con la participación de representantes de las víctimas, asesores del Congreso del Estado, el Comité Internacional de la Cruz Roja, así como algunos diputados y diputadas.
“Fue una reunión productiva, las instituciones pudieron marcar algunas inquietudes y creo yo que perdura un consenso de que la legislación tiene que aprobarse y que tiene todavía algunos elementos a discutirse, a profundizarse, ojalá se puedan desahogar a la brevedad posible para contar con esa ley que las víctimas reclaman”, indicó el representante de la ONU.
Sin embargo, afirmó que no hubo acuerdos o compromisos de los legisladores sobre la fecha en que podría aprobarse la iniciativa de Ley en materia de desaparición de personas, “nadie quiso colocar un compromiso, fueron francos y sinceros en decir que van a hacer lo que esté a su alcance, pero no pueden hablar a nombre del Pleno, y me parece bien porque las víctimas están cansadas de promesas incumplidas o de expectativas insatisfechas”.
“Entonces hay que seguir trabajando con mucha responsabilidad, de manera muy asertiva, con una disposición de escucha como la que yo percibía en esta jornada de trabajo y pensaría que hay buenas condiciones para que se apruebe la ley”, afirmó García Campos.
Agregó que desde la aprobación de la Ley general de desaparición forzada de personas, aprobada en 2017 se les impuso a los congresos estatales un plazo para legislar en la materia, que expiró hace más de 5 años y en Guerrero como en otras entidades federativas, es urgente legislar en la materia.