Gilberto Guzmán
En al menos siete ocasiones la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha defendido su política de no pactar con grupos fuera de ley -como ocurre esta semana con los bloqueos promovidos por alcaldes de Tierra Caliente contra los operativos en contra de grupos criminales-, con intermediarios sociales con dudosa legitimidad o fuerzas históricas que en el pasado demostraron obedecer a intereses propios y no a los intereses colectivos.
Esta política impulsada desde el inicio de su administración, le ha permitido a la gobernadora morenista priorizar la atención a los problemas sociales y políticos de Guerrero, siempre con el diálogo como práctica constante.
Pese a las críticas de los opositores políticos, la política de diálogo de la gobernadora ha diferenciado la manera en que se generaban los acuerdos en el pasado reciente, cuando el gobierno en turno cedía a presiones mediante bloqueos de grupos sociales que generaban afectaciones a la ciudadanía.
En poco más de año y medio de iniciada la administración estatal, la gobernadora no ha cedido a chantajes ni presiones de grupos de poder que la han intentado obligar a cumplir demandas que, en muchas ocasiones, carecen de legalidad y de proporcionalidad, y para ello recurren a bloqueos, protestas y manifestaciones.
En octubre del 2021, a días de iniciado su gobierno, Evelyn Salgado solucionó el conflicto en el Sector Salud, garantizando el respeto de los derechos laborales y el pago oportuno de los salarios del personal, a partir del diálogo con la dirigente sindical, Beatriz Vélez Núñez, proceso en el que contó con el apoyo del Gobierno Federal.
En diciembre de ese año, a través del diálogo Evelyn Salgado logró desactivar el bloqueo que durante más de tres meses mantuvo el Movimiento Estudiantil Kiosko en la avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco, en demanda de espacios para ingresar a las carreras de la Universidad Autónoma de Guerrero.
En marzo del 2022, la gobernadora desactivó la toma del edificio Juan Álvarez en Chilpancingo, a través del diálogo directo con integrantes de la CETEG, y pese a las rechiflas de los manifestantes se establecieron los acuerdos para la solución de este conflicto.
En esa ocasión, incluso, hubo quienes criticaron que fuera la propia mandataria quien asistiera a reunirse con este grupo considerado como de los más radicales, pero al final se trató de una demostración de la política de diálogo que impulsa la morenista.
En mayo del 2022, la gobernadora atendió como asunto prioritario la desaparición de la menor acapulqueña Yoseline “N”, reportada como desaparecida y cuyos familiares realizaron un bloqueo para exigir su búsqueda y localización.
Evelyn Salgado acudió personalmente a dialogar con sus familiares y garantizarles que la joven estaba siendo buscada a través del protocolo Alerta Violeta, lo cual ocurrió posteriormente y Yoseline fue entregada con vida a sus familiares.
En junio de ese año, personal del Colegio de Bachilleres mantenía un paro laboral, afectando incluso el curso escolar. A través del diálogo y mediante diversas reuniones encabezadas por la gobernadora se resolvieron las demandas de los trabajadores administrativos y docentes, que entre otras cosas exigían terminar la corrupción en el COBACH.
En diciembre del 2022, a partir de los hechos de violencia en la comunidad de El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán -donde fueron asesinadas 7 personas-, la gobernadora Evelyn Salgado ha acudido de manera personal a atender las demandas de la población, encabezando reuniones de seguridad y reforzando la estrategia de combate al crimen organizado con respaldo del Gobierno Federal.
Resultado de ello, el pasado 17 de abril se logró la detención y procesamiento de uno de los involucrados en los hechos violentos de El Durazno, quien además era integrante y uno de los objetivos prioritarios del grupo criminal la Familia Michoacana.
El pasado jueves 27 de abril, la gobernadora encabezó reuniones de seguridad en Tierra Caliente, con la participación de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría Federal de Seguridad, para atender a alcaldesas, alcaldes y diputados de la región que habían denunciado estar siendo amenazados por un grupo criminal, y les ofreció el respaldo de su administración para atender esta y otras situaciones relacionadas con la seguridad en la región.
Pero a partir del 28 de abril y hasta el 1 de mayo, en diversos municipios, como Arcelia, Tlapehuala, Pungarabato, Coyuca de Catalán, Tlalchapa, San Miguel Totolapan, Acapetlahuaya, Cutzamala, se registraron bloqueos carreteros en reacción a que elementos de la Fiscalía General de Guerrero decomisaron ocho vehículos de una bodega de Tierra Blanca, presumiblemente pertenecientes a líderes de la Familia Michoacana, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”.
La respuesta de la gobernadora ante los bloqueos fue hacer valer la ley y llamar a quienes participaban en los bloqueos y a los alcaldes que estaban en la organización de estos a sumarse al diálogo por el bien de la población de la región, que estaba siendo afectada en diversos rubros y servicios.
Este martes, la gobernadora se trasladó nuevamente a Tierra Caliente y con base en el diálogo las alcaldesas y los alcaldes aceptaron que no habrá más bloqueos y que de manera conjunta buscarán la solución a los problemas de seguridad en la región.