Gilberto Guzmán

El Pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero, con el objetivo de impulsar políticas públicas, programas y acciones institucionales enfocadas en el reconocimiento, apoyo y protección de quienes realizan labores de cuidado sin remuneración, con énfasis en personas en situación de vulnerabilidad económica.

El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena), fue fundamentado en tribuna por la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la legisladora Leticia Mosso Hernández, quien señaló que las modificaciones buscan atender una labor históricamente invisibilizada que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres y que resulta indispensable para el sostenimiento familiar y social, como la atención a infancias, personas adultas mayores y personas con discapacidad o enfermedades.

“Esta distribución desigual del trabajo de cuidados tiene consecuencias directas en la vida de las mujeres, pues limita sus oportunidades de acceder a un empleo, continuar sus estudios, desarrollarse profesionalmente, alcanzar autonomía económica e incluso participar en la vida pública”, sostuvo la legisladora.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Guerrero se ubica entre las tres entidades del país con mayor brecha de género en el tiempo total de trabajo, donde las mujeres dedican en promedio 7.1 horas semanales más que los hombres a actividades laborales y domésticas. A nivel nacional, el INEGI estima que las mujeres destinan 66.8 por ciento de su tiempo total de trabajo a labores no remuneradas, frente al 33.2 por ciento de los hombres, aportando el equivalente a 82 mil 339 pesos anuales por persona en este tipo de actividades. Por ello, la relevancia de esta reforma.

En el plano jurídico, las modificaciones aprobadas adicionan una fracción IV para establecer explícitamente la promoción de políticas y programas institucionales de protección a las personas cuidadoras. Asimismo, reforman las fracciones II y III y adicionan una fracción IV al artículo 56 del mismo ordenamiento, con la finalidad de transitar hacia un modelo de corresponsabilidad social e institucional que permita reducir las brechas de desigualdad derivadas de la división sexual del trabajo.

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