Gilberto Guzmán
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero ha iniciado una investigación formal por presuntos actos de corrupción al interior del Congreso local, relacionados con la emisión y cobro ilegal de 50 cheques, así como la supuesta falsificación de firmas. De acuerdo con la carpeta de investigación número 12020090101208310826, citada por la Agencia Reforma, la indagatoria requiere a la Secretaría de Servicios Financieros y Administrativos de la LXIV Legislatura información detallada sobre la emisión, aprobación y cobro de los cheques expedidos originalmente a nombre de la diputada de Morena, Guadalupe García Villalva.
Como parte de las diligencias, la autoridad investigadora otorgó un plazo de tres días hábiles para recibir el historial laboral, horarios, domicilios y adscripciones de ocho empleados del Congreso vinculados con estas maniobras financieras. Los hechos apuntan a la probable comisión de delitos como abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación o alteración y uso indebido de documentos, fraude y peculado.
De acuerdo con la investigación, estas irregularidades financieras habrían surgido durante la gestión del diputado Jesús Urióstegui García (Morena), quien presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso desde septiembre del 2024 hasta su salida del cargo en junio de este año. Durante dicho periodo al frente del órgano de gobierno legislativo, se reporta que aún persisten montos pendientes de comprobación por más de 15 millones de pesos correspondientes al primer semestre del año.
Entre las personas señaladas dentro de la investigación figuran Esli Joanan Navarrete Cisneros y Héctor Avilés Cruz, a quienes se les atribuye la firma mancomunada para la expedición de dichos pagos. Avilés Cruz, uno de los principales señalados, es justamente el suplente de Urióstegui García, en cuyo periodo legislativo también se han reportado montos pendientes de comprobación que superan los 15 millones de pesos, correspondientes al primer semestre del año en curso.
El alcance de este esquema irregular parece no limitarse a una sola víctima. Testimonios recabados entre los integrantes de la legislatura local señalan que la afectación financiera podría alcanzar hasta a 21 legisladores de diversas bancadas.
Ante el desarrollo de las investigaciones, el actual presidente de la Jucopo, Joaquín Badillo Escamilla (Morena), afirmó que no se va a “solapar a nada ni a nadie”. Actualmente, la FGE busca determinar la validez de los endosos, identificar a las personas que hicieron efectivos los cobros en ventanilla y resguardar los documentos originales para practicar los peritajes grafoscópicos correspondientes y deslindar responsabilidades.