*Los partidos políticos deberán revisar perfiles, afirmó la consejera presidenta Luz Fabiola Matildes Gama
Gilberto Guzmán
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) reconoció que, a diferencia del ámbito federal, el órgano electoral local no cuenta con disposiciones que le permitan investigar directamente a las personas postuladas a cargos de elección popular para detectar posibles vínculos con grupos criminales o actividades ilícitas. La responsabilidad de revisar los perfiles corresponde a los partidos políticos.
Después de la declaratoria del inicio formal del proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que se renovarán 806 cargos —incluida la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos—, la consejera presidenta Luz Fabiola Matildes Gama encabezó una conferencia de prensa junto a los integrantes del Consejo General y el secretario Ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz, donde fue cuestionada sobre la posibilidad de establecer mecanismos de coordinación con la Fiscalía y otras instituciones de seguridad para evitar la postulación de candidaturas relacionadas con el crimen organizado.
“No tenemos nosotros en el órgano electoral, no está normado ni regulado el tema de investigar a candidatos y candidatas”, respondió Matildes Gama. Explicó que en el ámbito federal existe una comisión cuya intervención para verificar candidaturas es voluntaria para los partidos, mientras que en Guerrero no se realizó una reforma similar.
Al ser preguntada si esta tarea se plantearía en la Mesa de Seguridad convocada por el Gobierno del Estado, la presidenta del IEPC fue enfática: “Esa es una tarea de los partidos políticos, de ver a quién registran”.
Se informó que el proceso electoral contempla la participación potencial de alrededor de 15 mil candidaturas, en caso de que los nueve partidos con posibilidad de postular participen en la contienda. Al respecto, señaló que el Consejo General del IEPC tendrá entre sus responsabilidades revisar que las postulaciones cumplan con los requisitos legales establecidos.
En materia de seguridad, Matildes Gama adelantó que el miércoles participará en una Mesa de Seguridad convocada por el Gobierno del Estado para revisar los protocolos que se implementarán durante el proceso. Precisó que la seguridad no corresponde directamente al instituto electoral, aunque consideró necesario que el organismo participe y establezca medidas para proteger a su personal, además de compartir protocolos con partidos y candidaturas. “No es una responsabilidad del IEPC, pero sí la realidad es que tenemos que estar involucrados en este tema. Es una realidad que no podemos soslayar”, afirmó.
Costará alrededor de 478 millones de pesos
El proceso electoral tendrá un costo de 478 millones 191 mil 509.82 pesos, de acuerdo con las cifras presentadas por la consejera Dora Luz Morales Leyva. Para este año se contempla un monto de 99 millones 760 mil 780 pesos, mientras que para 2027 se han proyectado 378 millones 430 mil 729.82 pesos.
A esa cantidad se suma el presupuesto base del organismo, calculado en 187 millones 756 mil 967.96 pesos, así como 326 millones 427 mil 19.74 pesos correspondientes al financiamiento público de los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes, actividades específicas, gastos de campaña y candidaturas independientes.
La consejera presidenta aclaró que el monto previsto para 2027 corresponde a una solicitud presupuestal y todavía no está garantizado. “El presupuesto que estamos solicitando para el 2027 es un presupuesto que estamos solicitando, no es seguro que nos lo den”, señaló. En contraste, explicó que el financiamiento público de los partidos está establecido constitucionalmente.
Villalobos Tlatempa detalló que estarán en disputa una gubernatura, 28 diputaciones de mayoría relativa, 18 de representación proporcional, 83 presidencias municipales por partidos políticos, además de las presidencias municipales de Ayutla y Ñuu Savi bajo sistemas normativos internos (usos y costumbres), 83 sindicaturas y 593 regidurías.
Para la organización se contempla, entre otras figuras, la cobertura de 178 vacantes en consejerías distritales y 28 secretarías técnicas. Además, se prevé contratar a 215 supervisoras y supervisores electorales y mil 292 capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, quienes realizarán actividades antes, durante y después de la jornada electoral.
Matildes Gama estimó que, en conjunto, alrededor de mil 800 a mil 900 personas adicionales participarán en las distintas tareas de organización, entre ellas las relacionadas con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), los consejos distritales, capacitación y la estructura operativa.
Si hay elementos podrían cancelar candidaturas
Otro de los asuntos abordados fue la fiscalización de actos y gastos realizados antes del inicio formal del proceso electoral. El secretario ejecutivo del IEPC, Pedro Pablo Martínez Ortiz, explicó que el comienzo del proceso no representa un punto de corte que permita considerar como inexistentes las conductas anteriores, en respuesta a las asambleas de los aspirantes de Morena que buscan la candidatura al gobierno estatal.
“No hay borrón y cuenta nueva”, respondió ante una pregunta sobre si los actos realizados previamente quedarían sin revisión.
Martínez Ortiz explicó que el instituto tiene actualmente procedimientos relacionados con posibles actos anticipados de precampaña y campaña, algunos iniciados a partir de denuncias y otros de oficio. Entre los hechos denunciados se encuentran pintas y actividades realizadas en distintos puntos del estado, atribuidas a Morena y sus aspirantes.
“El hecho de que no haya iniciado el proceso electoral no significa que una conducta contraria a las leyes electorales no pueda ser sujeta de revisión y sanción”, sostuvo.
Respecto de los recursos utilizados en actos partidistas, el secretario ejecutivo señaló que el INE tiene atribuciones para fiscalizar los gastos de los partidos, tanto los correspondientes a actividades ordinarias como los relacionados con precampañas y campañas. Precisó que pueden ser revisados gastos como propaganda, pintas o la renta de espacios para eventos.
En el caso de investigaciones relacionadas con Morena, indicó que existen expedientes abiertos y que el IEPC ha realizado requerimientos al partido, aunque hasta el momento no existe un emplazamiento derivado de una acusación directa. “Estamos en proceso de investigación y hemos hecho requerimientos al partido”, explicó.
De acreditarse actos anticipados de precampaña, advirtió, la legislación contempla diversas consecuencias, entre ellas multas, amonestaciones y, bajo determinados supuestos, la negativa del registro de una candidatura.