Gilberto Guzmán
Para garantizar un trato digno y libre de discriminación, el Congreso de Guerrero aprobó reformas a la Ley de Atención a los Migrantes del Estado con el fin de proteger a este sector frente a condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
La iniciativa fue impulsada por la diputada con licencia María Guadalupe Eguiluz Bautista (Morena) y entre las modificaciones más destacadas resalta la prohibición de criminalizar a los migrantes. Con la adición del artículo 4, se establece que ninguna autoridad estatal o municipal podrá utilizar la condición migratoria —regular o irregular— como pretexto para presumir la comisión de delitos, faltas administrativas o justificar actos de molestia. La medida aclara que esto no limita las labores de seguridad pública cuando existan indicios fundados, ni interfiere con las competencias federales.
La reforma también obliga a las autoridades a regirse bajo el principio de interculturalidad. A partir de ahora, el Estado debe respetar la identidad, lengua, tradiciones y formas de organización de los migrantes indígenas. En este sentido, se garantiza su derecho a recibir información y atención institucional en su lengua materna.
Además, el nuevo artículo 5 clasifica como grupos de atención prioritaria a los migrantes indígenas y a los guerrerenses en retorno. Esta categoría obliga a que las políticas públicas y el presupuesto estatal se enfoquen en facilitar su reintegración económica, familiar y comunitaria.
Acuerdos legislativos en materia fiscal, educativa y judicial
Durante la misma sesión, el Pleno aprobó un exhorto de la diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) dirigido a los 84 ayuntamientos y al Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres. El objetivo es que sus próximas iniciativas de ingresos fijen cobros, cuotas y tarifas bajo criterios de equidad, proporcionalidad y estricta legalidad.
El diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) propuso pedir a la Universidad Autónoma de Guerrero que garantice un 33 por ciento de los espacios en sus unidades académicas para estudiantes indígenas. La iniciativa fue enviada a la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas para su análisis.
A propuesta del mismo legislador, se aprobó exhortar a los poderes Ejecutivo y Judicial a instalar mesas de trabajo interinstitucionales. El fin es analizar la reestructuración del Tribunal Superior de Justicia y garantizar la representatividad indígena en la elección de jueces y magistrados proyectada para 2028.