Gilberto Guzmán
El Congreso del Estado exhortó al Poder Judicial local a rendir un informe detallado ante la legislatura sobre las acciones implementadas para la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ordenamiento que deberá entrar en vigor en la entidad a más tardar el 1 de abril de 2027.
Al fundamentar la propuesta, la diputada Erika Lührs Cortés, integrante de la Comisión de Justicia y promotora del exhorto, resaltó la importancia de conocer los avances específicos en la materia. Destacó la necesidad de evaluar la operatividad, los ajustes estructurales en la organización judicial, la adecuación de la infraestructura física y tecnológica, así como el diseño e implementación de programas integrales de capacitación y profesionalización para el personal jurisdiccional y administrativo.
Al respecto, la legisladora refirió que el nuevo código, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, se aplicará de manera gradual en todo el país. Asimismo, señaló que los artículos transitorios de la norma otorgan un plazo de 60 días hábiles a la Secretaría de Gobernación para instalar y presidir la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia.
Dicho órgano contará con la participación de las presidencias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) y de la Comisión de Justicia del Congreso correspondiente. Estos integrantes concurrirán a convocatoria o solicitud ante la presidencia de la Comisión para configurar la asistencia técnica a los Poderes Judiciales, tanto federal como locales, en la instrumentación de dicho código nacional.
La función sustancial de esta comisión coordinadora será guiar la transición normativa con base en el desarrollo de habilidades, destrezas y sanas prácticas procesales, además de definir estándares uniformes de operación y vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.
Finalmente, se expuso que la entrada en vigor de este marco legal dará paso a un nuevo modelo de impartición de justicia en materia civil y familiar que permitirá contar con procedimientos más ágiles; de ahí la relevancia de que el TSJ rinda el informe detallado sobre los avances de su implementación en el estado.