Gilberto Guzmán

La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso del Estado de Guerrero analiza una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política local con el objetivo de fortalecer la integración pluricultural del Poder Judicial del Estado y garantizar una representación efectiva de los pueblos indígenas y de las comunidades afromexicanas en los órganos de impartición de justicia.
La propuesta fue presentada por el diputado Aristóteles Tito Arroyo, quien señaló que la iniciativa de reforma constitucional planteada por la presidenta de la República el pasado 20 de mayo de 2026 —la cual propone aplazar la elección judicial hasta el año 2028— debe ser vista como una oportunidad democrática. De acuerdo con el legislador, este periodo permite reflexionar a fondo sobre la conformación del Poder Judicial y asegurar que la estructura de este órgano refleje la diversidad cultural que caracteriza a la entidad.
El legislador argumentó que Guerrero es un estado enriquecido por la presencia de pueblos originarios y comunidades afromexicanas que han preservado de manera generacional sus lenguas, tradiciones, formas de organización y sistemas normativos propios. En ese sentido, Tito Arroyo expuso que la falta de representación actual trasciende lo simbólico, ya que las personas de estos sectores frecuentemente enfrentan barreras procesales y culturales debido a que quienes imparten justicia suelen desconocer sus lenguas y dinámicas comunitarias.
Para solucionar esta problemática y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, la iniciativa propone establecer cuotas específicas de representación dentro del Poder Judicial. Entre los mecanismos planteados destaca la obligatoriedad de que al menos una persona originaria de cada uno de los pueblos indígenas y del pueblo afromexicano integre el Pleno. Asimismo, se proyecta que el 30 por ciento de las magistraturas y cargos jurisdiccionales sean ocupados por miembros de pueblos indígenas, y se asegure una representación mínima del 10 por ciento para la población afromexicana.

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