Gilberto Guzmán
Durante la sesión plenaria del Congreso del Estado de Guerrero celebrada este viernes, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió su voto en contra de las minutas con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Poder Judicial y para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.
Los legisladores priistas fundamentaron su postura en tribuna señalando presuntas inconsistencias técnicas, riesgos de control político y falta de consenso en las propuestas aprobadas por la mayoría parlamentaria.
Advierten riesgos de control político en el Poder Judicial
Al fijar la postura de la fracción tricolor, la diputada Beatriz Vélez Núñez manifestó que la reforma de 2026 orientada al Poder Judicial profundiza la incertidumbre jurídica y debilita la división de poderes en el país. Sostuvo que la iniciativa propuesta “busca controlar tribunales, no acercar justicia al pueblo”.
“Como lo ha señalado nuestro coordinador Rubén Moreira Valdez, esta reforma es apenas un parche que pretende corregir errores previos con cambios superficiales”, expresó la legisladora. “El problema de fondo sigue intacto: un Poder Judicial debilitado, sin profesionalización y sin confianza ciudadana”.
Vélez Núñez criticó el uso de mecanismos alternos para la designación de juzgadores, enfatizando que “la justicia no puede construirse mediante tómbolas, improvisaciones ni acordeones políticos”, y demandó mantener la carrera judicial basada en el mérito académico, la experiencia y la autonomía. Asimismo, calificó como preocupante la celeridad del proceso legislativo y las modificaciones de última hora, tales como la ampliación de la reelección de magistrados electorales y el aplazamiento de los comicios judiciales para el año 2028. Recordó que el PRI propuso una alternativa enfocada en el fortalecimiento de fiscalías, ministerios públicos, peritos y cuerpos policiales de investigación, pero no fue tomada en cuenta.
Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario, Alejandro Bravo Abarca, calificó la reforma judicial como un “desacierto” y afirmó que la autonomía de dicho poder se encuentra comprometida. El legislador argumentó que los procesos de elección previos estuvieron “totalmente dirigidos y controlada” mediante listas de apoyo o “acordeones”.
Bravo Abarca refirió que actualmente se encuentran documentados más de 20 casos de fallas definitivas en sentencias emitidas por jueces electos bajo el nuevo esquema, lo cual, desde su perspectiva, valida las advertencias hechas previamente por su partido respecto a legislar “al vapor”. Durante su intervención, también hizo un espacio para reconocer la participación sustanciosa de las mujeres en la vida democrática nacional, recordando el papel histórico de su instituto político en el impulso al sufragio femenino.
Ambigüedad en nulidad por intervención extranjera
Respecto a la minuta que adiciona una nueva causal de nulidad de elecciones al artículo 41 constitucional por motivos de intervención extranjera, la bancada del PRI también emitió su voto en sentido contrario.
La diputada María del Pilar Vadillo Ruiz expuso desde la tribuna que, si bien la defensa de la soberanía nacional es un principio incuestionable, la redacción adoptada incorpora conceptos ambiguos que podrían propiciar un uso discrecional del aparato estatal. Según la legisladora, la reforma “abre la puerta a que cualquier crítica internacional pueda utilizarse políticamente para desacreditar adversarios”.
“El problema no es defender a México; el problema es que posicionamientos de organismos externos, medios de comunicación o expresiones de cooperación internacional puedan ser utilizadas para justificar decisiones autoritarias”, advirtió Vadillo Ruiz.
La representante priista señaló que las modificaciones al marco electoral deben derivar de consensos amplios y análisis técnicos rigurosos, y no de “lógicas de mayoría circunstancial”. Respaldando la postura del coordinador federal Rubén Moreira Valdez, concluyó que la Constitución debe funcionar como un instrumento de unidad y equilibrio, evitando normativas que generen ventajas indebidas para el partido en el gobierno.
Tras concluir las rondas de debate y la argumentación de los dictámenes correspondientes, el pleno de la legislatura procedió a la votación formal, donde los integrantes de la bancada del PRI votaron en forma unánime en contra de los proyectos de decreto presentados.