Gilberto Guzmán
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de adición a diversas disposiciones de la Ley Número 851 de Amnistía del Estado de Guerrero para incorporar una visión intercultural y de derechos humanos para asegurar el acceso a la justicia de las personas indígenas y afromexicanas, argumentando que dichos sectores han enfrentado históricamente condiciones de discriminación, exclusión y desigualdad estructural.
Desde la tribuna, el legislador expuso que la propuesta se alinea con la reciente modificación al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fortalece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos plenos de derecho público, dotados de autonomía, libre determinación y acceso efectivo a la justicia.
Sánchez Almazán señaló que en la entidad persisten condiciones adversas para cientos de personas indígenas privadas de la libertad. De acuerdo con el diputado, muchas de ellas enfrentaron procesos penales sin contar con un intérprete, carecieron de una defensa adecuada o no comprendieron plenamente las acusaciones formuladas en su contra.
La iniciativa plantea la incorporación de principios fundamentales como la interculturalidad, la perspectiva de derechos humanos, el principio pro-persona y el acceso efectivo a la justicia en el marco de la Ley de Amnistía.
Entre los puntos principales de la propuesta se encuentran: permitir el acceso a la amnistía cuando se acrediten violaciones graves al debido proceso, tales como barreras lingüísticas, discriminación estructural o falta de una defensa adecuada en perjuicio de personas indígenas y afromexicanas; facultar a las autoridades jurisdiccionales para revisar posibles violaciones a los derechos humanos de oficio, privilegiando el fondo de los asuntos por encima de los formalismos jurídicos.
Además de posibilitar que las peticiones de amnistía se presenten de manera oral a través de intérpretes, defensores públicos o autoridades comunitarias, en atención a las dificultades económicas, educativas y lingüísticas detectadas en la entidad.
Finalmente, el proyecto propone la creación de brigadas jurídicas al interior de los centros penitenciarios, con el objetivo de revisar directamente los expedientes de los internos indígenas y afromexicanos que pudieran cumplir con los requisitos para ser beneficiarios de la ley.
“Con esta propuesta de adición no se busca generar impunidad, sino avanzar hacia una justicia social más humana, incluyente y cercana a la realidad de los pueblos originarios y afromexicanos de Guerrero”, puntualizó el legislador.