Gilberto Guzmán

 

El Congreso del Estado de Guerrero aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer una distinción clara entre los “tipos” de violencia y las “modalidades” en que esta se manifiesta. Esta modificación permitirá una mejor coordinación entre las instituciones y garantizará que las políticas públicas atiendan con precisión cada contexto de agresión.

 

La resolución deriva del dictamen emitido por la Comisión para la Igualdad de Género, basado en una propuesta de la diputada Erika Isabel Guillén Román y fundamentado en tribuna por la diputada Leticia Mosso Hernández. La legisladora señaló que esta homologación es urgente, ya que la violencia contra mujeres y niñas se expresa en múltiples formas tanto en la vida pública como privada, exigiendo respuestas integrales que incluyan prevención, atención, sanción y reparación del daño bajo una perspectiva de derechos humanos.

 

Mosso Hernández subrayó la importancia de contar con un marco jurídico estatal armonizado con la legislación nacional y los estándares internacionales. Advirtió que esto es indispensable para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales y evite responsabilidades internacionales derivadas de omisiones o deficiencias en la erradicación de la violencia de género en el ámbito local.

 

Se explicó que, si bien la Ley General federal ya distingue entre tipos de violencia (formas específicas de daño) y modalidades (ámbitos o espacios donde ocurre), la norma estatal presentaba imprecisiones al agrupar ambos conceptos en un mismo nivel. Esta ambigüedad generaba confusión interpretativa y criterios dispares entre las autoridades, debilitando la eficacia de las acciones institucionales. Tras la aprobación, se reforman diversos artículos de la Ley 553 para subsanar estas deficiencias.

 

Propuestas en materia de cuidados, migración e identidad

 

En la misma sesión, la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) propuso elevar el derecho al cuidado a rango constitucional en el estado. La iniciativa busca crear un Sistema Estatal de Cuidados que establezca la corresponsabilidad entre el sector público, el privado y las familias, garantizando este derecho como humano y fundamental.

 

Por su parte, la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó una iniciativa para facilitar la expedición de pasaportes a hijos de víctimas de violencia vicaria. La reforma busca que los menores puedan obtener documentos de identidad sin el consentimiento del agresor, evitando que la patria potestad sea utilizada como herramienta de control y garantizando su derecho a la movilidad.

 

En temas de infraestructura y servicios, la diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD) propuso una transición gradual del cableado aéreo a sistemas subterráneos para proteger los servicios básicos ante fenómenos naturales. Asimismo, el diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) planteó que los trámites del Registro Civil sean gratuitos y a domicilio para adultos mayores y personas con discapacidad, eliminando barreras físicas para estos grupos vulnerables.

 

Reconocimiento cultural y protección a la infancia

 

En el ámbito de la identidad, la diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) impulsó instituir el 25 de julio como el “Día Estatal de la Mujer Afromexicana en Guerrero”, buscando visibilizar su papel cultural y combatir el racismo histórico. En materia migratoria, la diputada Ma. Guadalupe Eguiluz Bautista (Morena) propuso un enfoque intercultural que garantice a los migrantes indígenas recibir información en su propia lengua.

 

Finalmente, se presentaron dos iniciativas cruciales para la protección de menores. La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) propuso suspender de inmediato el régimen de convivencia cuando el padre esté vinculado a proceso por feminicidio o tentativa contra la madre. Por otro lado, la diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) presentó una iniciativa para asegurar que la niñez mantenga una convivencia sana con ambos progenitores, evitando que los menores sean utilizados como instrumentos de presión en conflictos de adultos.

 

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