Gilberto Guzmán
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y otorgar valor probatorio a las constancias emitidas por autoridades comunitarias, parteras tradicionales y testimonios de integrantes de la comunidad para el registro de actos del estado civil.
El proyecto legislativo plantea flexibilizar los requisitos administrativos en el registro de nacimientos y defunciones, con un enfoque particular en las comunidades indígenas y afromexicanas. El objetivo central, según expuso el legislador, es garantizar el derecho a la identidad mediante un modelo de interculturalidad que armonice la legislación estatal con los principios de pluralismo jurídico reconocidos a nivel federal.
Durante la exposición de motivos, Sánchez Almazán señaló que en Guerrero persisten obstáculos estructurales y geográficos que dificultan el acceso a los servicios institucionales. Detalló que, en muchas zonas de alta marginación, los nacimientos ocurren en los hogares con el apoyo de parteras tradicionales, lo que deriva en la falta de certificados médicos oficiales y genera un estado de “invisibilidad jurídica” para los ciudadanos al no poder cumplir con los trámites ordinarios.
La iniciativa retoma criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales validan el uso de documentos emitidos por autoridades locales como medios de prueba legítimos. Con esto, se pretende que el Estado reconozca las prácticas comunitarias como mecanismos válidos para acreditar hechos vitales, facilitando así el acceso de la población a otros derechos fundamentales como la salud, la educación y la seguridad social.
Finalmente, el legislador subrayó que la reforma busca eliminar las barreras administrativas que segregan a las poblaciones rurales y originarias, avanzando hacia una estructura jurídica más incluyente y respetuosa de la diversidad cultural de la entidad. Tras su presentación en el pleno, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis, consulta y posterior dictaminación.