Gilberto Guzmán

 

En un esfuerzo por revertir el rezago estructural que padece la capital del estado en materia de seguridad social, la diputada Beatriz Vélez Núñez, integrante de la fracción parlamentaria del PRI y presidenta de la Comisión de Salud, presentó un punto de acuerdo ante el pleno del Congreso de Guerrero para exhortar a los titulares del ISSSTE y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a coordinar esfuerzos para la construcción de un hospital de segundo nivel en Chilpancingo, el cual sustituiría a la actual clínica-hospital que se encuentra rebasada en su capacidad operativa.

 

Durante su intervención en la tribuna durante la sesión de este martes, la legisladora denunció que la infraestructura actual no solo es insuficiente, sino que ha operado de manera precaria durante el último año, limitándose casi exclusivamente a la atención de urgencias, situación que obliga al traslado constante de pacientes hacia ciudades como Acapulco, Cuernavaca o la Ciudad de México, viajes críticos en los que, lamentablemente, se han registrado fallecimientos de derechohabientes debido a la falta de atención especializada inmediata en la capital guerrerense.

 

La propuesta subraya que la demanda de servicios de salud en Chilpancingo no se limita a los residentes locales, sino que abarca a miles de trabajadores al servicio del Estado provenientes de municipios vecinos como Chilapa, Tixtla, Mochitlán, Quechultenango, Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan y Leonardo Bravo, así como de las localidades de El Ocotito y Tierra Colorada.

 

La diputada señaló que la vulnerabilidad de las instituciones de salud se agudizó tras el impacto del huracán Otis, dejando en evidencia que, a pesar de la existencia de proyectos como el Hospital Regional de Alta Especialidad en Acapulco, Chilpancingo persiste en una deficiencia crítica que vulnera el derecho constitucional a la salud.

 

Finalmente, la legisladora apeló a la justicia social y laboral, recordando que el artículo 123 constitucional garantiza la seguridad social para el magisterio, el sector salud, empleados de ayuntamientos y universitarios que dependen del ISSSTE. Tras su exposición, el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.

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