Gilberto Guzmán
La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso de Guerrero inició el análisis de una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar los criterios de elegibilidad para la presidencia de la Mesa Directiva. La propuesta, impulsada por el diputado Joaquín Badillo Escamilla, plantea reformar el numeral 2 del Artículo 63 de la Constitución Política del Estado para permitir que la titularidad de este órgano de gobierno pueda recaer en un integrante del mismo grupo parlamentario que encabece la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
Durante la exposición de motivos en tribuna, el legislador argumentó que la modificación tiene como objetivo central fortalecer la coordinación institucional e interna del Poder Legislativo. Bajo el esquema actual, existe una restricción que impide esta coincidencia partidista en las dirigencias de los dos órganos principales, situación que, según el proponente, podría superarse para agilizar el desahogo del trabajo parlamentario y evitar duplicidades administrativas que suelen retrasar la agenda legislativa local.
El planteamiento técnico de la reforma sostiene que la armonía entre la conducción política, representada por la Jucopo, y la conducción técnica de las sesiones, a cargo de la Mesa Directiva, derivaría en una mayor eficiencia para la toma de acuerdos. Badillo Escamilla señaló que esta alineación facilitaría la organización de los debates y las sesiones, aportando estabilidad institucional al Congreso, especialmente durante los periodos de alta carga de trabajo donde la fluidez operativa resulta crítica para el ejercicio legislativo.
Finalmente, el diputado de la fracción de Morena subrayó que la iniciativa responde a una interpretación del principio de representación democrática. Afirmó que la mayoría parlamentaria determinada por la ciudadanía en las urnas posee la legitimidad para reflejarse en la conducción de los órganos de gobierno del Congreso. De este modo, la propuesta se presenta como una herramienta para garantizar la gobernabilidad y la eficacia legislativa, vinculando el mandato popular con la estructura de mando del Poder Legislativo estatal.