Gilberto Guzmán
Con el objetivo de erradicar la indiferencia y el abuso hacia uno de los sectores más vulnerables, el diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa de reforma a la Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado. La propuesta busca incorporar el capítulo “De la violencia contra las Personas Adultas Mayores” para definir, clasificar y sancionar formalmente estas agresiones.
Durante su exposición de motivos, el legislador subrayó que la violencia hacia los mayores no debe considerarse un asunto privado, sino una violación directa a la dignidad humana. Parra García señaló que la actual Ley 375, aunque contiene principios valiosos, carece de definiciones claras y de una clasificación de las modalidades de maltrato, lo que entorpece la actuación de las autoridades.
“No se trata únicamente de reformar una ley, sino de trazar una línea ética y jurídica que impida el maltrato, el abandono, el despojo y la humillación hacia quienes han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad”, afirmó el diputado.
La reforma propone una definición amplia de violencia, entendiéndola como cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte.
La iniciativa incorpora una tipificación más precisa del maltrato hacia las personas adultas mayores, al reconocer como formas de violencia el abuso psicológico, el despojo de pensiones, la retención de documentos y el abandono, prácticas que con frecuencia ocurren dentro del entorno familiar. Este reconocimiento normativo busca cerrar vacíos legales y visibilizar conductas que históricamente han quedado sin sanción.
Asimismo, el proyecto establece obligaciones puntuales para que el Estado y los municipios implementen acciones de prevención, investigación y sanción frente a estos actos. Con ello, se pretende fortalecer la capacidad institucional para atender de manera oportuna y efectiva los casos de violencia.
Otro elemento relevante es la apertura a la denuncia ciudadana: cualquier persona podrá reportar situaciones de maltrato contra adultos mayores, lo que amplía las posibilidades de detección temprana y protección de las víctimas. Esta medida reconoce que, en muchos casos, los afectados no pueden o no se atreven a denunciar por sí mismos.
Además, la propuesta armoniza la legislación de Guerrero con estándares internacionales, particularmente con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y diversos protocolos de Naciones Unidas. Esta alineación busca garantizar que el marco jurídico estatal responda a los compromisos globales en materia de derechos humanos y atención a poblaciones vulnerables.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a los Adultos Mayores para su análisis y dictaminación.