Gilberto Guzmán
Con el objetivo de reducir los índices de embarazo infantil y adolescente en el estado, el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón presentó ante el Congreso de Guerrero una iniciativa para reformar la Ley 1212 de Salud. La propuesta busca garantizar el acceso a la educación sexual y fortalecer los servicios de salud reproductiva con un enfoque de derechos humanos.
Durante la sesión ordinaria, el legislador integrante del grupo parlamentario de Morena expuso la urgencia de estas modificaciones basándose en indicadores de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020-2023.
Los datos muestran que una parte importante de la población adolescente carece de información o acceso adecuado a métodos anticonceptivos. En particular, el 27% de las y los adolescentes desconoce la existencia o el uso de estas herramientas, lo que evidencia una brecha persistente en educación sexual y en políticas de prevención.
En el caso de Guerrero, la situación se refleja también en los indicadores de fecundidad: la entidad registra 64.1 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, una de las tasas más altas del país. Este nivel de fecundidad temprana suele estar asociado a contextos de desigualdad, falta de oportunidades educativas y limitaciones en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
La falta de prevención se confirma con otro dato relevante: el 63% de las adolescentes no utilizó ningún método de protección en su primera relación sexual. Esta cifra sugiere que la primera experiencia sexual ocurre, en muchos casos, sin información suficiente, sin acompañamiento y sin condiciones que garanticen decisiones informadas y seguras.
Sánchez Alarcón subrayó que estas carencias se agudizan en regiones como la Montaña Alta, la Sierra y las Costas, donde las barreras culturales y la falta de infraestructura especializada incrementan la vulnerabilidad de las mujeres.
La reforma propone una transformación profunda en la manera en que el Estado atiende la salud sexual, colocando el énfasis en la educación, la capacitación profesional y la creación de condiciones más equitativas para las mujeres, especialmente en contextos rurales. Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la supervisión educativa, otorgando a la Secretaría de Salud mayores facultades para coordinar, junto con las autoridades escolares, programas de educación sexual en todos los niveles. Esta medida busca garantizar que la información llegue de forma sistemática, actualizada y con enfoque preventivo.
Otro componente clave es la capacitación permanente del personal sanitario, incorporando una perspectiva de género y de derechos humanos. La intención es que quienes brindan atención en salud sexual y reproductiva cuenten con herramientas conceptuales y prácticas que permitan un acompañamiento respetuoso, informado y libre de estigmas.
La reforma también incorpora un enfoque territorial mediante la creación del Artículo 87 Bis, que obligaría a impartir pláticas trimestrales de orientación y planificación familiar en comunidades rurales. Esta disposición reconoce las brechas históricas en el acceso a información y servicios en zonas alejadas, y busca acercar la prevención y la educación a quienes enfrentan mayores barreras.
Finalmente, se plantea la necesidad de garantizar espacios seguros para las mujeres durante la gestación, libres de discriminación y con acompañamiento integral. Esto implica no solo infraestructura adecuada, sino también protocolos de atención que aseguren trato digno, confidencialidad y apoyo emocional y médico.
La propuesta también contempla la colaboración estrecha entre el gobierno, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para asegurar que la información llegue a los sectores más aislados del estado.